En Tamaulipas ya no basta con sólo gobernar, ahora también hay que hacer negocio público, y vender gasolina suena atractivo.
La apuesta del gobierno estatal por abrir sus propias estaciones de servicio suena, en el discurso, a una cruzada noble, con combustible más barato, control de calidad, trazabilidad, apoyo a pescadores en La Pesca, empuje al transporte público en Ciudad Victoria y una especie de correctivo moral frente a un sector donde, según la narrativa oficial, abundan las irregularidades.
El plan arranca con tres estaciones: La Pesca, Casas y Ciudad Victoria, y sí, también se ha dicho que la intención es ofrecer gasolina por debajo de los 23.99 pesos.
Hasta ahí, la idea vende, y vende bien.
El problema empieza cuando el Estado deja de presentarse como árbitro y decide entrar a la cancha como competidor. Porque una cosa es regular, vigilar y sancionar abusos; otra muy distinta es convertirse en empresario, distribuidor, operador y, de paso, juez de un mercado en el que también tendrá intereses propios.
Ahí es donde el proyecto deja de oler a política pública y empieza a oler a negocio.
No porque vender gasolina sea malo en sí mismo, sino porque en México cada vez que el poder público decide jugar a la iniciativa privada, lo primero que brota no es la eficiencia, es la sospecha.
¿Quién comprará el combustible?, ¿a qué precio?, ¿con qué proveedor?, ¿bajo qué esquema administrativo?, ¿quién operará realmente esas estaciones?, ¿serán empresas del Estado o negocios con fachada pública y beneficios muy privados?, ¿quién auditará los márgenes, la logística, contratos, arrendamientos, la proveeduría, fletes, remodelaciones y la eventual expansión?
Porque el verdadero negocio no siempre está en la bomba, muchas veces está atrás del mostrador.
La experiencia enseña, ilustra y evidencia que cuando el gobierno entra a hacer lo que le toca al mercado, rara vez compite mejor, normalmente reparte favores peor. Lo que hoy se presenta como una alternativa social puede terminar convertido en una cadena de privilegios para contratistas consentidos, operadores cercanos, intermediarios discretos y aliados con credencial de “proyecto estratégico”.
El combustible podrá llamarse “del pueblo”, pero el margen podría terminar siendo de unos cuantos.
Más todavía, el discurso oficial mezcla demasiadas promesas para un solo modelo. Que si será gasolina social, que si ayudará a pescadores, que si servirá para renovar el transporte público, que si ordenará el sector, que si incluso pudiera crecer bajo un modelo de franquicia.
Cuando una sola apuesta pública quiere ser política social, instrumento regulatorio, negocio comercial, vitrina política y plataforma de expansión al mismo tiempo, lo más probable es que termine siendo propaganda con manguera.
Y luego está el detalle más incómodo, el gobierno de Tamaulipas no está entrando a un terreno vacío, está entrando a un mercado donde ya existen permisionarios, distribuidores, franquicias, intereses económicos y equilibrios políticos.
Si una administración estatal decide usar su poder, su presupuesto, su estructura y su narrativa moral para competir ahí, la pregunta no es si podrá vender más barato, la pregunta es quién absorberá el costo real de esa diferencia y con qué dinero.
Porque si el precio “social” depende de subsidio, entonces no es eficiencia, claramente es un gasto público disfrazado de oferta comercial, y si depende de condiciones preferenciales que un privado no tendría, entonces no es competencia, es ventaja oficial.
La Secretaría de Desarrollo Energético ha colocado este plan dentro de una estrategia más amplia para presumir a Tamaulipas como potencia energética, junto con otros proyectos del sector.
Tanta bondad me hace pensar si esos negocios no serán la razón de la salida del exsecretario José Ramón Silva Arizabala, que no se quiso prestar a nada turbio o que pudiera enturbiarse, y por eso hubo que concretar un relevo. Quién sabe.
El mensaje político es claro, un estado productor, activo, protagonista. El problema es que entre ser promotor del desarrollo y querer jugar al empresario hay una línea muy delgada, y casi siempre termina borrosa cuando aparecen contratos, proveedores y padrinos.
Por eso la discusión de fondo no es si la gasolina estará veinte o treinta centavos más barata, la discusión seria es otra, si el Estado está construyendo una herramienta pública útil o una nueva caja política con discurso popular.
Porque si de verdad se quiere beneficiar a la gente, la ruta no debería arrancar con gasolineras gubernamentales, sino con reglas claras, supervisión efectiva, combate real a la adulteración, castigos visibles a quien robe litros y transparencia total en el mercado -entiéndase huachicol-.
Eso fortalece al consumidor, lo otro en cambio, fortalece la tentación, y en Tamaulipas ya sabemos que cuando al gobierno le da por parecer empresario, casi siempre termina pareciéndose más a un cómplice.
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