Ciudad Victoria, Tamaulipas (23 de febrero de 2026). — Con el objetivo prioritario de eliminar las deficiencias institucionales que derivan en el maltrato secundario hacia las víctimas, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas anunció la creación de una mesa de trabajo interinstitucional. Este mecanismo busca unificar criterios en la prevención y atención de agresiones, garantizando que cada etapa del proceso legal cumpla con estándares internacionales de derechos humanos.
Justicia con enfoque de género
La iniciativa responde a la necesidad de transformar la manera en que se abordan los delitos contra la población femenina. Según explicó Marcia Benavides Villafranca, directora del Instituto, la carencia de una visión especializada en las investigaciones actuales puede generar escenarios de revictimización, donde las mujeres enfrentan negligencias o cuestionamientos por parte de las propias autoridades encargadas de protegerlas.
Para revertir esta situación, se trabajará de la mano con la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) y el Poder Judicial (PJE). La meta es asegurar que, independientemente de la fase procesal, el trato y la resolución de los casos estén alineados con una sensibilidad jurídica que proteja la integridad emocional de la denunciante.
Capacitación y cumplimiento legal
La implementación de esta mesa no es solo una medida administrativa, sino una respuesta a mandatos legales superiores. Benavides Villafranca subrayó la importancia de que el personal jurisdiccional cuente con la preparación técnica necesaria para aplicar los protocolos vigentes.
“Eso ya está legislado y la Suprema Corte ha dicho que cualquier muerte con ciertos elementos hacia una mujer tiene que ser investigada como feminicidio, y por ejemplo, tratándose del Poder judicial, se tiene que asegurar que quienes son las personas juzgadoras estén vinculadas a una capacitación con perspectiva de género”.
Coordinación ante la persistencia de la violencia
El Instituto funcionará como el eje articulador entre diversas dependencias, incluyendo la Comisión Estatal de Víctimas. Este esfuerzo conjunto cobra relevancia ante el panorama actual en Tamaulipas donde, pese a las constantes actualizaciones del marco legal y la puesta en marcha de programas públicos, los índices de violencia familiar no han mostrado un descenso significativo.
Bajo este contexto, el nuevo organismo colegiado servirá como un filtro de supervisión para que cada expediente sea tratado bajo el rigor de la perspectiva de género, evitando que las lagunas en el sistema perpetúen el trauma de quienes buscan justicia.
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