Ciudad Victoria, Tamaulipas (20 de febrero de 2026).- El esquema de recaudación por concepto de emisiones contaminantes en el estado de Tamaulipas registra un avance limitado. A pesar de proyectarse como una fuente de ingresos clave para la sostenibilidad, la resistencia jurídica de las industrias del ramo petroquímico ha provocado que el Estado capte apenas el 6.4% de su potencial financiero.
De acuerdo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Karina Lizeth Saldívar Lartigue, el potencial de ingresos anuales se estima en 1,800 millones de pesos. No obstante, las proyecciones actuales apenas alcanzan los 115 millones de pesos para el cierre del presente ciclo, tras reportarse un ingreso de 9.6 millones durante el mes de enero.
Obstáculos legales y resistencia del sector energético
La principal barrera para consolidar esta política ambiental reside en los tribunales. Actualmente, existen 30 juicios de amparo promovidos por compañías obligadas a cubrir este gravamen. Este bloqueo legal proviene mayoritariamente de firmas que superan el umbral de las 25 mil toneladas anuales de gases de efecto invernadero, requisito que las vincula directamente al cumplimiento del impuesto.
Saldívar Lartigue admitió que el crecimiento en la captación de recursos es reducido si se compara con el universo total de contribuyentes sujetos a la normativa vigente desde 2022.
Comportamiento de la recaudación y padrón de contribuyentes
A pesar de las dificultades, las cifras muestran un incremento sostenido pero lento respecto a ejercicios previos:
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2024: Se recaudaron poco más de 50 millones de pesos, periodo influenciado por un incentivo fiscal que otorgaba el 50% de descuento.
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2025: La cifra ascendió a 101 millones de pesos.
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Mensualidad actual: El promedio de captación oscila entre los 8 y 9 millones de pesos.
En cuanto al cumplimiento operativo, el padrón oficial identifica a cerca de 40 empresas obligadas. Sin embargo, la regularidad en los pagos es intermitente; de forma constante cumplen entre 12 y 13 organizaciones, y puntualmente en enero de este año, solo cinco empresas efectuaron el pago correspondiente.
Desafío para las metas ambientales
El desfase entre la capacidad recaudatoria y el ingreso real subraya la complejidad de implementar fiscalidad verde en un estado con alta presencia industrial. Mientras los procesos jurídicos sigan su curso, el Estado mantiene una brecha de más de 1,600 millones de pesos que aún no han podido ser integrados a las arcas públicas para fortalecer las políticas de desarrollo urbano y medio ambiente.
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