Con la unanimidad de 431 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de educación inclusiva.
Establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad “e inclusiva, así como” la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma.
El dictamen, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, menciona que proteger a las infancias con discapacidad es una responsabilidad fundamental de nuestro sistema legal. Las niñas y niños con discapacidad tienen derecho a una vida plena, a acceder a una educación inclusiva y desarrollarse en un entorno que respete su dignidad e integridad.
Por ello, abunda, es imperativo que, como sociedad y como Estado, brindemos un marco normativo que garantice su inclusión efectiva, proteja sus derechos y les otorgue herramientas para su participación plena en la vida social.
El dictamen es un paso para la inclusión
La promovente de la iniciativa, diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena), externó que el dictamen es un paso adelante para que la inclusión no dependa de la voluntad de unos cuantos; la inclusión debe estar escrita con claridad en la norma, como una obligación exigible, medible y verificable.
Mencionó que fortalecer el mandato del Estado para garantizar que ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente sea excluido del sistema educativo por razones de discapacidad, contexto social, origen o cualquier otra condición.
El dictamen –añadió– evita sobrerregulación y posibles antinomias con lo contemplado en la Ley General de Educación y en la normativa secundaria, pues cuando un marco jurídico se vuelve confuso quien pierde es la niñez.
Además, cuando la obligación es ambigua se abren espacios para justificar exclusiones; por ello, con el dictamen se apuesta por precisión legislativa y fortalece lo esencial para que se convierta en un estándar nacional.
Muñiz Cabrera resaltó que educación inclusiva es reconocer que lo normal es la diversidad y que lo que debe cambiar es el entorno, las escuelas, los materiales, las prácticas, la cultura institucional y social; es combatir estereotipos y prejuicios, y garantizar los apoyos que hagan posible que cada niña y cada niño desarrollen su máximo potencial.
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