Ciudad Victoria, Tamaulipas (17 de febrero de 2026).- En un paso decisivo hacia la modernización de los procesos democráticos y el respeto al entorno social, la Comisión de Estudios Legislativos Primera dio luz verde a una reforma que transformará las campañas políticas en el estado. Por decisión unánime, se ha aprobado la adición de una disposición al artículo 244 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, la cual establece la prohibición absoluta de pirotecnia, tanto sonora como visual, desde el arranque de las campañas hasta que finalice la jornada electoral.
Sanciones y cumplimiento de la normativa electoral
A diferencia de otras regulaciones, esta iniciativa establece mecanismos de control específicos para los actores políticos. Tras los ajustes realizados al proyecto original durante la sesión legislativa del día de ayer, se definió que quienes ignoren esta restricción se enfrentarán a un régimen sancionador claro. La autoridad electoral será la encargada de aplicar apercibimientos o amonestaciones públicas a los partidos o candidatos que utilicen material pirotécnico en sus actos de proselitismo.
Un enfoque en salud pública y bienestar animal
La propuesta, impulsada por la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, nace de la necesidad de mitigar los riesgos ambientales y las afectaciones colaterales que los artefactos explosivos generan en la población. La legisladora argumentó que el uso desmedido de estos materiales vulnera la integridad física y emocional de sectores sensibles, tales como infantes, personas con autismo y adultos mayores.
Respecto al sustento jurídico y ético de la medida, Huerta Valdovinos señaló:
“Debemos señalar que esta propuesta se encuentra sustentada en derechos que se encuentran ligados al bienestar animal, consagrados desde el pleno convencional y constitucional generando así una respuesta contundente con relación a los componentes tóxicos que caracterizan a la pirotecnia”.
Compromiso con la Agenda 2030
Más allá de la regulación electoral, la medida alinea a Tamaulipas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. El dictamen subraya que, aunque los fuegos artificiales poseen una carga cultural, la prioridad del Estado debe ser garantizar un trato digno a los animales y reducir la contaminación química y auditiva.
Sobre la prevención de incidentes, la legisladora añadió:
“Proponiendo así disuadir y prevenir los graves riesgos que conlleva su uso no regulado, como lo son los daños ambientales y las afectaciones directas a la salud física y mental de la población”.
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