LO CLARO. La Universidad Autónoma de Tamaulipas impulsa un modelo de gestión cercano, participativo y orientado a resultados, sustentado en una política de puertas abiertas que promueve el diálogo permanente entre autoridades, estudiantes y docentes, permitiendo escuchar de primera mano propuestas y necesidades para convertirlas en acciones concretas.
Este esquema fortalece la toma de decisiones basada en la realidad cotidiana de los campus, agiliza la atención a problemáticas académicas e infraestructura, mejora los procesos educativos y consolida una cultura institucional de transparencia, corresponsabilidad y mejora continua, con beneficios directos para la formación profesional de su comunidad y para el desarrollo social de Tamaulipas.
LO OSCURO. Cuatro meses después del arranque de la primera administración judicial electa bajo el nuevo modelo, la conversación pública cambió de tono. La euforia inicial dio paso al análisis frío. El sistema arrancó con una herencia pesada. Más de tres millones de asuntos anuales en el último corte previo, casi 838 mil expedientes acumulados y una tasa de resolución cercana al 95%. Productividad alta en papel y, al mismo tiempo, una presión estructural evidente. Esa es la pista sobre la que comenzó a correr la nueva etapa.
Los primeros reportes entre noviembre de 2025 y enero de 2026 muestran estabilidad operativa. Hubo meses en los que los egresos superaron a los ingresos y la existencia total bajó de poco más de 607 mil a alrededor de 590 mil asuntos en el agregado publicado. La pendiente es moderada. El sistema funciona, aunque todavía lejos de una disminución que cambie la percepción ciudadana de saturación.
La nueva arquitectura disciplinaria sí mostró dientes. El Tribunal de Disciplina Judicial puso en marcha el Acuerdo General 6/2025 para evaluar desempeño y sometió a examen a más de ochocientos juzgadores electos. A finales de diciembre una inhabilitación por abuso de poder y hostigamiento sexual marcó un precedente. El mensaje interno resultó inequívoco… la conducta irregular tendría consecuencias públicas.
Ese tipo de decisiones envía más señales de transformación que cualquier acto protocolario.
Sin embargo, el nuevo ejercicio también evidenció fisuras. En al menos un caso difundido en medios regionales y comentado en pasillos judiciales, un juez de reciente designación presentó su renuncia tras cuestionamientos sobre su falta de experiencia técnica y errores procesales iniciales en la conducción de audiencias. El episodio no generó un colapso institucional, aunque sí alimentó la crítica de quienes advertían que la apertura electoral podía introducir perfiles con curva de aprendizaje pronunciada. La salida voluntaria evitó mayor desgaste, aunque dejó sembrada la duda sobre los filtros previos.
Otro frente delicado surgió en la implementación digital. El compromiso de interconectar sistemas y avanzar hacia resoluciones en plazos cercanos a noventa días encontró obstáculos técnicos en algunos circuitos. Retrasos en la carga de información y fallas que ralentizaron los primeros intentos de modernización. Ningún tribunal se paralizó, aunque la meta tecnológica quedó sometida a la prueba del tiempo y de la inversión.
El propio órgano administrativo reconoció un rezago cercano a 40% y fijó metas públicas para abatirlo. Esa admisión, lejos de debilitar el discurso, coloca el termómetro en la pared. El país sabe desde dónde parte la reforma y puede medir cada trimestre si la curva desciende con constancia o apenas se mueve.
El balance a ciento veinte días ofrece luces y sombras. Disciplina, evaluación formal y reducción leve de existencias por un lado. Ajustes apresurados, salidas tempranas y tropiezos técnicos por el otro. El sistema mantuvo continuidad y evitó desorden, aunque todavía carece de un golpe de autoridad estadística que traduzca la reforma en alivio palpable para el ciudadano que espera sentencia.
La certidumbre jurídica se construye en plazos cumplidos y decisiones consistentes. La legitimidad democrática aporta un cimiento político; la experiencia técnica sostiene el edificio. En esta primera etapa, la estructura ha resistido.
El reloj institucional ya dejó atrás la novedad y entró en fase de examen constante. Si la pendiente de reducción de expedientes se acelera y la evaluación interna depura perfiles con oportunidad, la reforma consolidará credibilidad. Si las renuncias aisladas se multiplican y la modernización tropieza sin remedio, la narrativa de cambio quedará atrapada en la estadística modesta.
Ciento veinte días representan un comienzo serio, pero no una sentencia definitiva.
La justicia mexicana atraviesa un ensayo histórico bajo reflectores permanentes. Las renuncias, sanciones y cada reporte mensual escribirán el veredicto real.
La población entera, observa y espera resultados que vayan más allá del ajuste administrativo.
COLOFÓN: La auténtica sociedad deseamos que al nuevo sistema judicial le vaya bien. Es por nuestro beneficio. No más, justicia sólo para el que pueda pagarla. Sin colores.
@deandaalejandro
Discussion about this post