Ciudad Victoria, Tamaulipas (El Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Reynosa, Tamaulipas, negó el amparo promovido por el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como por su madre María de Lourdes, su esposa Mariana Gómez Leal, su hermano José Manuel y otras dos personas, por lo que continúan vigentes las órdenes de aprehensión libradas en su contra.
De acuerdo con la lista de acuerdos publicada el 11 de febrero por el Órgano de Administración Judicial, el juez Carlos Alberto Escobedo Yáñez resolvió negar la protección de la justicia federal a los quejosos, al considerar que existen elementos suficientes para presumir la comisión de delitos y su probable responsabilidad.
Las órdenes de captura, emitidas en 2024, están relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. En el caso del ex mandatario estatal, además permanece pendiente de cumplimentarse un mandamiento judicial emitido en 2021 por delitos vinculados con delincuencia organizada y lavado de dinero.
FGR acreditó indicios razonables
En su resolución, el juzgador sostuvo que los datos expuestos por el Ministerio Público federal resultan suficientes en esta etapa procesal, sin que sea necesaria una verificación plena o demostración concluyente de los hechos.
El juez argumentó que, aun cuando la autoridad responsable presentó fundamentos concisos, estos cumplen con el parámetro constitucional, al permitir comprender la lógica de la determinación y evidenciar la existencia de indicios razonables que justifican el mandamiento de captura.
La resolución contrasta con determinaciones previas emitidas por el juez Fernando Alvarado, quien fue suspendido e inhabilitado por un año para ocupar cargos públicos, tras resoluciones consideradas contrarias a derecho en asuntos vinculados con el ex gobernador, y que anteriormente incidieron en el cumplimiento de órdenes judiciales.
Órdenes de captura siguen vigentes
Con esta decisión judicial, las órdenes de aprehensión dictadas en 2021 y 2024 permanecen activas, por lo que el ex mandatario estatal —quien en 2024 buscó una candidatura a diputado federal por el PAN— y los demás señalados deberán enfrentar el proceso penal correspondiente en caso de ser detenidos.
El caso se mantiene bajo investigación de la Fiscalía General de la República, que sostiene la presunta existencia de una red de operaciones financieras ilícitas y evasión fiscal.
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