Washington, Estados Unidos (5 de febrero de 2026).- Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha decidido priorizar el desmantelamiento de las redes financieras que oxigenan a las organizaciones criminales más peligrosas de México. En lugar de centrarse exclusivamente en la detención de distribuidores minoristas, los fiscales federales están dirigiendo sus recursos hacia los intermediarios que facilitan el movimiento de ganancias ilícitas, utilizando para ello herramientas tecnológicas avanzadas como los activos digitales.
Esta evolución en la táctica judicial responde a una sofisticación en los métodos de los grupos delictivos, destacando especialmente el papel del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las autoridades, estas redes han migrado hacia el uso de criptomonedas para transferir fondos desde ciudades estadounidenses hacia los liderazgos en territorio mexicano, evadiendo así los controles fronterizos tradicionales.
Reestructuración interna y operaciones de alto nivel
Bajo la actual administración republicana, la División Criminal ha experimentado una transformación operativa. La integración de fiscales especializados en narcóticos con expertos en blanqueo de capitales busca atacar la infraestructura económica que permite la supervivencia de los cárteles. A. Tysen Duva, fiscal general adjunto a cargo de dicha división, explicó la lógica detrás de este movimiento en una entrevista con The Associated Press:
“Si cortas el dinero, dañas a los cárteles, y eso es lo que tratamos de hacer”.
La estrategia no solo busca el castigo, sino la obtención de inteligencia. La reciente llegada a suelo estadounidense de más de 90 acusados de alto nivel —entregados por el gobierno de México en tres etapas desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump— abre la posibilidad de que la cooperación de estos individuos derive en nuevas acusaciones contra las cúpulas de mando de las organizaciones.
El proceso judicial y el uso de criptoactivos
Entre los procesados recientemente se encuentran Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares Orozco. Los cuatro enfrentan cargos por conspiración para el lavado de dinero ante un tribunal federal en Kentucky. Los documentos judiciales señalan que estos intermediarios recolectaban efectivo en diversas ciudades de EE. UU. para luego blanquearlo mediante transacciones digitales o contrabando físico.
Sobre la evolución de estos métodos, Duva señaló:
“Hay contrabando de dinero en efectivo a granel que ha ocurrido desde el principio de los tiempos, y también está la nueva tendencia de tomar el efectivo, comprar criptomonedas y luego comerciar con ellas”.
Contexto diplomático y legal
La transferencia de estos detenidos no ha estado exenta de controversia. En enero se concretó la entrega de 37 acusados, sumando un total de tres operativos de este tipo en el presente periodo presidencial. Mientras que analistas sugieren que estos traslados son una respuesta del gobierno mexicano ante las amenazas de acción militar por parte de la administración Trump, sectores legales en México han cuestionado la validez de las entregas al realizarse bajo argumentos de “seguridad nacional” y no mediante procesos de extradición convencionales.
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