Washington, Estados Unidos (26 de enero de 2026).– La estrategia de mano dura del presidente Donald Trump frente a la migración enfrenta una resistencia cada vez más amplia en Estados Unidos, no sólo en las calles, sino también dentro del propio Partido Republicano, tras el segundo asesinato de un civil a manos de agentes federales en Minneapolis.
Lejos de contener la indignación, la muerte del enfermero Alex Pretti durante un operativo migratorio detonó protestas nacionales, cuestionamientos legislativos y fracturas internas en el bloque republicano, mientras la Casa Blanca se vio obligada a ajustar parcialmente sus tácticas.
Videos difundidos en redes sociales muestran a agentes federales sometiendo a Pretti antes de que un elemento de la Patrulla Fronteriza le disparara a corta distancia, lo que debilitó la versión oficial de que el fallecido representaba una amenaza. El caso se suma al homicidio previo de otro civil en la misma ciudad semanas atrás.
Ante el creciente costo político, Trump envió al llamado zar fronterizo Tom Homan a Minnesota para asumir el control del operativo y anunció coordinación directa con autoridades estatales y municipales. Horas después, se confirmó el retiro del jefe de la Patrulla Fronteriza y de parte de los agentes federales desplegados en Minneapolis.
En el Congreso, legisladores republicanos comenzaron a exigir explicaciones sobre las tácticas de ICE y la Patrulla Fronteriza, mientras otros dejaron de justificar públicamente las acciones federales. La inconformidad también alcanzó a figuras republicanas locales, algunas de las cuales denunciaron posibles violaciones constitucionales.
Paralelamente, organizaciones civiles, sindicatos y movimientos sociales intensificaron jornadas de capacitación en resistencia no violenta y acciones de documentación de operativos migratorios, ampliando un frente nacional de oposición.
Gobernadores y alcaldes demócratas reforzaron la exigencia de retirar a los miles de agentes federales desplegados, mientras el liderazgo demócrata en el Congreso analiza condicionar recursos al Departamento de Seguridad Nacional.
La combinación de presión social, desgaste político y fisuras internas en el partido gobernante marca un nuevo escenario para la Casa Blanca, donde el control del relato comienza a desplazarse fuera del despacho presidencial.
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