Ciudad Victoria, Tamaulipas (22 de enero de 2026).- En el marco del caso Tamaulipas por presunto huachicol fiscal y contrabando de combustibles en puertos del estado, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, confirmó que cuatro mandos navales ya fueron dados de baja del servicio activo, entre ellos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
Durante la conferencia matutina, el titular de la Semar explicó que la separación se ejecutó conforme a la legislación castrense, al tratarse de personal que ya no puede cumplir con sus funciones.
“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tienen quince días para poner sus recursos de revisión, algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos, y estamos esperando que las autoridades terminen”
Al ser cuestionado sobre el número de elementos implicados, el funcionario precisó:
“Son cuatro, están detenidos. Cuatro”
Hermanos Farías Laguna, ligados a investigación en puertos de Tamaulipas
El caso incluye al Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido desde el 2 de septiembre y recluido en el penal del Altiplano, señalado como presunto responsable de encabezar una red relacionada con el desembarque de combustible de contrabando.
De acuerdo con la información disponible, la Oficialía Mayor de la Semar inició el 21 de octubre un procedimiento administrativo para separarlo del servicio activo.
En ese proceso, el mando naval promovió un amparo, mismo que fue desechado el 18 de noviembre por notoria improcedencia. Posteriormente, el 5 de enero, presentó una nueva demanda para impugnar de manera específica su baja.
En tanto, su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, también señalado por estos hechos, habría enfrentado un procedimiento similar, pero se encuentra prófugo, según lo expuesto por la defensa.
Señalan red de corrupción aduanal con operaciones en Altamira y Tampico
A ambos hermanos se les atribuye la presunta operación de una red de corrupción en aduanas que habría permitido el arribo de 31 buques con combustible de contrabando en Altamira y Tampico, en el periodo 2024-2025.
La defensa de los mandos navales había argumentado que, mientras no exista una sentencia condenatoria firme, sus derechos laborales y prestaciones deberían mantenerse vigentes, bajo el principio de presunción de inocencia.
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