Fue la toma de oficinas y el secuestro de los funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número 6 lo que finalmente dio pie a la detención de Susana Prieto Terrazas.
La abogada, originaria de Ciudad Juárez Chihuahua, pero con residencia en El Paso, Texas, hizo en Matamoros un sustancioso negocio con el pago del bono anual de 32 mil pesos en el 2019.
Promovió huelgas y paros ilegales para presionar a las maquiladoras, que al final, cedieron a liquidar el bono. La “asesoría” le dejó ganancias personales millonarias. Fueron más de 50 mil obreros los que asesoró y a quienes cobró honorarios.
De ahí surgió el Movimiento 20-32 y la oportunidad de un segundo negocio: el Sindicato independiente.
De acuerdo al Fiscal del Estado, Irving Barrios Mojica, la mañana del 10 Marzo, Susana incitó a unos 400 trabajadores a tomar las oficinas y mantener secuestrados a los funcionarios de la Junta.
Se le imputan los delitos de motín, secuestro y coacción a particulares.
Aquella mañana del 10 de marzo, los obreros exigían se les autorizará de manera inmediata el cambio sindical y de cuotas sindicales, siendo que la Junta no es la autoridad competente, explicó el Fiscal en conferencia de prensa.
Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional trataron -sin respuesta- de disuadir a los manifestantes.
La presión también se ejerció en las empresas. Hubo paros irregulares y coaccion a los obreros y a las maquiladoras para promover la inclusión al nuevo sindicato.
La madrugada del lunes 8 de julio, Susana Prieto Terrazas regresó a Matamoros. Llegó directo a la maquiladora Fischer Dynamics en el parque “Ciudad Industrial”
Acompañada de un reducido grupo de obreros hizo un plantón a las afueras de la empresa para exigir el depósito de las cuotas sindicales, retenidas a los obreros, a la cuenta bancaria del nuevo sindicato, el SNITIS.
En el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industria y Servicios, ella es la asesora legal, y puso un secretario general a modo, un obrero de limitada capacidad que cumple fielmente sus instrucciones.
A principios del 2019, el pago del bono de 32 mil pesos acercó miles y miles de obreros a Susana Prieto. Las juntas públicas llenaban la explanada de la plaza Hidalgo.
Tras el pago, el Movimiento 20-32 se desinfló. Muy pocos obreros decidieron continuar con el proyecto del Sindicato Independiente.
El lunes que regresó a Matamoros, la autoridad cumplió la orden de aprehensión. El traslado a Victoria fue inmediato. Fue vinculada a proceso e internada en Tamatan.
La convocatoria a los obreros para defenderla y exigir su liberación no ha dado resultados. La marcha del miércoles fue un fracaso. El siguiente llamado es para el sábado, otra vez en la plaza principal.
El caso de Susana Prieto se resolverá en el juzgado y no con marchas y plantones.
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