Ciudad Victoria, Tamaulipas (18 de enero de 2026). – La maestra Oribel Soria Reyes, residente de Naucalpan, Estado de México, ha denunciado una red de protección institucional en favor de su exesposo, el magistrado Samuel Mithzael Chávez Marroquín. El funcionario se desempeña actualmente en la Sala Regional del Golfo-Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con sede en Ciudad Victoria.
La disputa se centra en la custodia de su hijo MBCS, un adolescente de 15 años que vive con autismo y discapacidad intelectual. Soria Reyes afirma que, valiéndose de su cargo, el magistrado ha logrado retener al menor y bloquear los procesos legales en su contra.
A pesar de que la violencia vicaria fue tipificada como delito en 2022, la docente de 50 años señala que el Ministerio Público del Estado de México ha ignorado sistemáticamente sus denuncias.
“Soy víctima de violencia institucional. Sufro una actuación inclinada a favor de mi exesposo debido a su cargo de magistrado. La justicia se detiene cuando el demandado es quien la imparte”.
Desde su divorcio en 2022, el proceso ha estado marcado por irregularidades. La madre sostiene que la protección jurisdiccional ha sido inexistente para su hijo, quien ha sido expuesto a juicios que no consideran sus necesidades especiales ni su estado de salud.
Este caso pone de relieve el desafío que enfrentan las mujeres cuando el agresor ocupa un puesto de alto nivel en el Poder Judicial, donde el influyentismo parece imponerse sobre el bienestar superior del menor.
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