Monterrey, Nuevo León (13 de enero de 2026).— El caso penal del exgobernador Tomás Yarrington dio un giro inesperado. Un tribunal federal determinó que deben revisarse nuevamente los fundamentos de su proceso por narcotráfico, luego de detectar fallas graves en el manejo de pruebas y violaciones al debido proceso.
La sentencia fue emitida por la magistrada Angélica Lucio Rosales, integrante del Tribunal Colegiado de Apelación de Nuevo León, quien decidió dejar sin efecto la formal prisión dictada previamente e instruir la reposición del procedimiento.
Según el fallo, la juzgadora encontró dos puntos esenciales para retornar el expediente al Tribunal Colegiado de Apelación de Matamoros, Tamaulipas, instancia que deberá decidir nuevamente si el exmandatario continúa sujeto al proceso.
La primera irregularidad detectada tiene que ver con el origen de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Lucio Rosales observó que la acusación se apoyó en declaraciones y confesiones extraídas de copias certificadas de otras investigaciones, no recabadas directamente para el expediente en curso.
La magistrada recordó que esa práctica contraviene criterios del máximo tribunal del país.
“El contenido de esos testimonios o confesiones no podía ser considerado como prueba válida dentro de la causa penal en estudio, pues nunca fueron rendidos ante el juez que conoce del proceso”, sentenció Lucio Rosales.
El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que dichos testimonios solo pueden ser válidos si son tomados ante la autoridad jurisdiccional competente, lo que no ocurrió en este caso. Esto, subrayó, dejó a Yarrington sin la posibilidad de controvertir o refutar esa evidencia.
El segundo aspecto detectado es que el tribunal de Matamoros omitió valorar dos pruebas de descargo presentadas por la defensa. Entre ellas se encuentra una carta firmada por un testigo protegido identificado como “Pitufo”, quien aseguró haber sido presionado por autoridades estadounidenses para declarar en falso contra Yarrington y el también exgobernador Eugenio Hernández.
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