LO CLAROSCURO. La historia oficial presenta la Guerra de Reforma como una gesta moral. Liberales contra conservadores, progreso contra atraso, República contra clero. Un conflicto entre mexicanos resuelto por la ‘superioridad ética’ del proyecto juarista. Al revisar los hechos incómodos (que no se documentan en manuales escolares), la narrativa comienza a fracturarse. La Reforma se impuso mediante leyes y principios, aunque también mediante concesiones estratégicas, respaldo extranjero y decisiones que comprometieron el futuro del país para asegurar la victoria inmediata.
El 14 de diciembre de 1859, en Veracruz, Benito Juárez firmó el Tratado McLane-Ocampo con Estados Unidos. Se trató de un acuerdo profundo y delicado. El documento concedía a perpetuidad derechos de tránsito a favor de Estados Unidos por tres corredores estratégicos del territorio nacional, el Istmo de Tehuantepec; la ruta Guaymas–Nogales; y el eje frontera de Tamaulipas, Monterrey y Mazatlán. Aunque el texto evitaba hablar de cesión territorial, en los hechos autorizaba tránsito militar, protección armada estadounidense y control operativo de rutas clave para la soberanía nacional.
La defensa posterior del juarismo suele recurrir a un argumento tranquilizador. “El tratado quedó sin ratificación por el Senado estadounidense”. El dato es correcto. La razón se relacionó con la coyuntura interna de Estados Unidos ya inmerso en la Guerra de Secesión y jamás con una consideración ética hacia México. El punto central permanece intacto… Juárez ofreció esos derechos. La decisión política quedó plasmada. La ausencia de ratificación jamás elimina la responsabilidad histórica.
En paralelo la situación militar del gobierno liberal atravesaba su momento más crítico. Para inicios de 1860 las fuerzas conservadoras encabezadas por Miguel Miramón cercaban el último bastión juarista… Veracruz.
La pérdida del puerto implicaba algo más que una derrota militar; significaba el colapso financiero, la pérdida del reconocimiento internacional y el fin del proyecto liberal. En ese contexto se tomó una decisión determinante.
El 6 de marzo de 1860 a solicitud directa del propio Juárez, buques de guerra de Estados Unidos -el Wave, el Indianola y el Saratoga- intervinieron en aguas mexicanas para impedir la toma de Veracruz por las fuerzas conservadoras. Aquella acción alteró de forma decisiva el curso del conflicto. Hasta ese momento, la Guerra de Reforma conservaba el carácter de una guerra civil. A partir de ese día, el conflicto quedó internacionalizado.
Este episodio suele diluirse en la narrativa liberal. Se le describe mediante eufemismos jurídicos como “protección de intereses reconocidos, resguardo del comercio, legitimidad diplomática”. El fondo histórico tuvo el resultado deseado. Sin esa intervención extranjera, Juárez habría sido derrotado. Veracruz resistió gracias a la presencia naval estadounidense y con ello se sostuvo el proyecto liberal.
Los acontecimientos posteriores siguieron esa misma lógica. El llamado “incidente de Antón Lizardo” presentado durante décadas como una acción sustentada en el derecho internacional, constituyó otro capítulo de una guerra civil ya abierta a la intervención externa. Los buques conservadores capturados carecían de estatus oficial español; se trataba de embarcaciones dadas de baja, adquiridas en La Habana y tripuladas por mercenarios europeos. La supuesta intervención española funcionó como una construcción jurídica útil, una coartada diplomática eficaz para justificar la acción estadounidense.
El desenlace. Juárez triunfó, consolidó el Estado liberal, promulgó las Leyes de Reforma y quedó inscrito como símbolo central de la República. La historia se escribió desde la victoria y como suele ocurrir, el expediente fue depurado. La intervención extranjera se redujo a una nota secundaria; las concesiones estratégicas se presentaron como inevitables; la dependencia política quedó relegada al silencio.
Ese razonamiento histórico aparece hoy, siglo y medio después, bajo nuevas formas y con un lenguaje distinto. La presidenta Claudia Sheinbaum aprobó mediante las cámaras del Congreso, el ingreso de personal, aeronaves y equipamiento militar estadounidense a territorio nacional. Al mismo tiempo, avaló una estrategia de combate frontal a grupos delictivos con respaldo operativo, tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos. El argumento es similar al del siglo XIX “la emergencia justifica la excepción; la amenaza interna exige apoyo externo; la soberanía se preserva mediante acuerdos temporales”.
Juárez sirve aquí como antecedente y como escudo. Si el fundador de la República recurrió a la potencia vecina para salvar al Estado, entonces la decisión contemporánea encuentra sustento histórico. La narrativa se repite; se trata de cooperación, de respaldo técnico, de defensa de la legalidad. El paralelismo resulta evidente. En ambos casos el poder central enfrenta un riesgo existencial y decide abrir la puerta a la presencia estadounidense para conservar el control del país.
La diferencia radica en el contexto, jamás en la lógica.
Juárez enfrentaba una guerra civil; Sheinbaum enfrenta un entramado criminal con poder territorial y financiero. Juárez protegía un puerto estratégico; Sheinbaum protege corredores, fronteras y nodos logísticos. Juárez autorizó la intervención naval; Sheinbaum avala el ingreso de capacidades militares modernas. El hilo conductor permanece intacto… la seguridad del proyecto político se antepone a cualquier otra consideración.
Estos hechos jamás convierten a Juárez ni a Sheinbaum en caricaturas simples. Ambos actúan como jefes de Estado pragmáticos, conscientes de que el poder se conserva mediante decisiones difíciles. El problema surge cuando el discurso público insiste en presentar esas decisiones como actos puros, excepcionales y libres de costo histórico.
Al silenciar las similitudes, se cancela la posibilidad de un debate honesto sobre los límites del poder y la soberanía. La Reforma triunfó con respaldo extranjero. La estrategia contemporánea avanza bajo el mismo principio. Cambian los nombres, los enemigos y la tecnología, aunque la ecuación permanece. Gobernar implica elegir aliados, incluso cuando esos aliados condicionan el futuro.
Comprender esta continuidad fortalece a la República. Lo que la debilita es la persistencia de una historia fragmentada, cómoda y selectiva. La madurez política comienza cuando una nación reconoce que sus decisiones fundacionales siguen proyectando sombra sobre el presente. Sombras que, ayer como hoy, sostienen al poder mientras cobran su precio.
COLOFÓN: Nunca cobraron los vecinos el dinero entregado por el Tratado M-O. Al menos, no de manera visible. No sabemos cuánto costará éste nuevo acuerdo. Y qué generación de nuestras familias lo pague. Difícil misión del gobierno liberal el de mantener el control sin supeditación. ¿Qué tanto tiempo falta para cambiarle el nombre a nuestra percudida moneda? “In Trump we Trust…”
@deandaalejandro
Discussion about this post