Ciudad Victoria, Tamaulipas (19 de diciembre de 2025).– El pago de la deuda de agua de México con Estados Unidos ya tiene efectos directos en Tamaulipas, luego de que se confirmara un incremento significativo en las extracciones de la presa Marte R. Gómez, ubicada en el norte del estado y conectada al Río Bravo.
De acuerdo con reportes oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa Marte R. Gómez pasó de liberar 10 mil a 30 mil litros por segundo en los últimos días, volumen que es conducido al Río Bravo como parte del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
Para sostener este desfogue, la presa tamaulipeca recibirá alrededor de 100 millones de metros cúbicos de agua provenientes de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, lo que representa cerca del 11 por ciento de su almacenamiento actual. Esta transferencia busca reponer el volumen que Marte R. Gómez libera hacia territorio estadounidense.
Hasta este lunes, la presa Marte R. Gómez se encontraba al 88.5 por ciento de su capacidad, con casi 692 millones de metros cúbicos almacenados, aunque el aumento en las extracciones ha encendido alertas entre sectores agrícolas de la región, debido a la importancia estratégica del embalse para el riego y el abasto local.
El movimiento de agua forma parte del compromiso adquirido por el Gobierno federal el pasado 12 de diciembre, cuando se acordó entregar 249 millones de metros cúbicos a Texas antes del 31 de enero, tras presiones del gobierno estadounidense.
Aunque el Río San Juan —donde se localiza la presa Marte R. Gómez— no forma parte originalmente del tratado internacional, en noviembre de 2024 se firmó la Minuta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que permite acreditar volúmenes de esta cuenca siempre que tengan un uso benéfico en Estados Unidos.
Esta no es la primera vez en el año que Tamaulipas participa indirectamente en el cumplimiento del adeudo hídrico, ya que en meses anteriores se realizaron desfogues similares. Sin embargo, el aumento reciente en las extracciones vuelve a colocar al estado en el centro del debate por el uso del agua y su impacto en el sector productivo y la disponibilidad futura del recurso.
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