Los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), Eraclio Rodríguez Gómez y David Estévez Gamboa, respectivamente, no descartan la posibilidad de realizar nuevos bloqueos carreteros ante la falta de propuestas concretas por parte del gobierno federal.
De acuerdo con la convocatoria que difundieron ayer ambas organizaciones, se realizarán reuniones previas de productores agropecuarios y transportistas este miércoles 17 de diciembre, como la que se tiene programada en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental de Río Bravo.
Cabe recordar que los productores agropecuarios exigieron cinco puntos para levantar el bloqueo el pasado 28 de noviembre:
1.- Reconoce a la agricultura como de interés nacional, estratégica para la soberanía alimentaria.
2.- Sacar los granos básicos y oleaginosas de las negociaciones del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a fin de proteger los precios nacionales de maíz y trigo, actualmente fijados en bolsas extranjeras, como la de Chicago.
3.- Reactivas una banca de desarrollo rural, eliminada durante la administración federal anterior, que permita financiar al campo mexicano.
4.- Restablecer los precios de garantía, como existían en décadas pasadas para dar certidumbre a los productores y planificar la siembra.
5.- Rechazar la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, por considerarla “lesiva para los usuarios agrícolas” y por distorsionar las concesiones de uso de agua para el riego.
Y como está última exigencia no se tomó en cuenta en el Congreso de la Unión, los productores agropecuarios decidieron realizar reuniones previas para ponerse de acuerdo para organizar nuevos bloqueos carreteros entre otras acciones a favor del campo.
Por su parte, los transportistas exigieron tres puntos:
1.- Piden medidas concretar para frenar los robos en las carreteras federales y estatales, incluyendo el aumento de la vigilancia y el combate a los retenes que realizan las organizaciones criminales.
2.- Exigen que las autoridades policíacas den seguimiento a los crímenes y desapariciones de transportistas que ocurren diariamente en las carreteras federales y estales.
3.- Exigen que los compromisos con las autoridades policíacas se traduzcan en acciones efectivas para disminuir la inseguridad en las carreteras federales y estatales ante las pérdidas millonarias que han tenido en los últimos años.
Se espera que las autoridades tanto federales como estatales tomen en cuenta la advertencia que lanzaron ayer los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), sobre todo ahora que miles de vacacionistas y paisanos utilizar las carreteras con el propósito de visitar a sus familiares para convivir en las fiestas de fin de año.
Por otra parte, todo parece indicar que no prosperará la acción penal en contra de la periodista y presidenta de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCI), María Amparo Casar Pérez, puesto que ayer la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, Diana Selena Medina Hernández, canceló la audiencia inicial que había solicitado la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy Ramos.
Y es que desde que se dio a conocer que la FGR había solicitado “reavivar” el proceso penal en contra de la politóloga Casar Pérez por la presunta pensión irregular que tiene de Petróleos Mexicanos (Pemex), cientos de cibernautas subieron fuertes críticas en contra de Godoy Ramos.
No debemos olvidar que, desde enero de 2005, la politóloga es beneficiaria de la pensión vitalicia de Pemex, pero en marzo del año pasado la petrolera le suspendió el pago, al considerar que se trata de un cobro indebido, porque su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, no habría fallecido por accidente de trabajo, sino por suicidio.
Los embates en contra de la periodista Casar Pérez empezaron desde la administración de López Obrador, quien utilizó infinidad de sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional para tratar de denostar a la también presidenta de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCI), pero no logró porque demostró que está en su derecho de tener una pensión de Pemex.
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