La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó, por 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
La iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, plantea definir el derecho humano al agua y establece las disposiciones que garantizan su acceso equitativo y su uso sustentable, al tiempo que precisa los mecanismos, instrumentos e instancias de participación ciudadana para consumo personal y doméstico.
Asimismo, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua, su acceso, disposición y saneamiento acorde con la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. También, contar con los servicios públicos de agua, así como fortalecer las bases de su operación.
Establece que los sistemas de captación de agua pluvial deben permitir la recolección, filtración, tratamiento y almacenaje del agua de lluvia que cae en el techo o cubierta para su posterior uso y aprovechamiento en la vivienda o edificación.
Dentro del Capítulo “Delitos contra las aguas nacionales” se estipula que a quien dolosamente traslade aguas con fines de lucro, a sabiendas de que dichas aguas fueron extraídas de manera ilegal, se le impondrá prisión de tres meses y multa de cien a doscientas Unidades de Medida y Actualización cuando la cantidad sea menor a 50,000 litros.
Cuando la cantidad sea mayor o equivalente a 50,000 litros, se sancionará con prisión de seis meses y multa de ciento cincuenta a doscientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización.
El capítulo “Organización y participación de las personas usuarias y de la sociedad”, menciona que la Comisión Nacional del Agua, conjuntamente con los gobiernos de los estados, la Ciudad de México y los municipios, Organismos de Cuenca, Consejos de Cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, promoverán y facilitarán la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica.
Subraya que no se requerirá concesión para la extracción de aguas marinas interiores y del mar territorial, para su explotación, uso o aprovechamiento, salvo aquellas que tengan como fin la desalinización, las cuales serán objeto de concesión, incluidos los pozos de agua salobre.
Asimismo, el otorgamiento de una concesión o asignación se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y sus reglamentos y tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua que se revisará al menos cada dos años conforme a la programación hídrica; los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua inscritos en el Registro Público Nacional del Agua y el reglamento de la cuenca hidrológica que se haya expedido, en su caso.
Así como la normatividad en materia de control de la extracción, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas, y la normatividad relativa a las zonas reglamentadas, vedas y reservas de aguas nacionales existentes en el acuífero, cuenca hidrológica o región hidrológica de que se trate.
El dictamen precisa que los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión y que en ningún caso la persona titular de una concesión o asignación podrá disponer del agua en volúmenes mayores que los autorizados por la Autoridad del Agua.
Para incrementar o modificar de manera permanente la extracción de agua en volumen, caudal o uso específico, invariablemente se deberá tramitar la expedición del título de concesión o asignación respectivo.
Intervención de las y los diputados
La diputada Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno (Morena) dijo que en esta ley se consolida el cuidado del agua a través de su saneamiento obligado; asimismo, se crea un catálogo de delitos contra las aguas nacionales donde se señala que si se reincide en malas prácticas como el huachicoleo de este líquido la ley será punitiva para las personas que lo hagan.
Por su parte, el diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) resaltó que este dictamen cuenta con más de 90 cambios respecto a la iniciativa original. Solicitó el retiro del dictamen a fin de que se pueda llegar a los consensos con los diferentes sectores productivos del país, industriales y gobierno para que se tenga certeza jurídica en el tema del agua.
José Luis Montalvo Luna, diputado del PT, señaló que con esta iniciativa se prioriza el derecho humano al agua y desde su grupo parlamentario han acompañado y escuchado las demandas más sentidas de los distintos sectores. Expresó su respaldo, pero también adelantó que presentarán las correspondientes reservas, buscando mejorar en todo sentido el proyecto.
Del PRI, el diputado Humberto Ambriz Delgadillo aseguró que el sector agrícola y pecuario no está de acuerdo con el contenido de la ley y su descontento no es ideológico sino técnico y práctico. Agregó que el texto incorpora mecanismos que permitirán al gobierno tomar decisiones discrecionales sobre concesiones, sanciones, revisiones o condicionamientos. “Una ley que depende del criterio personal o político del funcionario en turno, es una ley vulnerable”.
La diputada Felicita Pompa Robles (Morena) comentó que se recogieron las inquietudes, propuestas y observaciones de los sectores involucrados y lo manifestado en las audiencias públicas donde se escucharon más de 400 expositores. “Con esta ley damos un paso decisivo asegurando que el agua se cuide, distribuya con justicia y alcance para quienes hoy la necesitan”.
A su vez, el diputado Francisco Pelayo Covarrubias (PAN) sugirió que en el artículo 49 también se contemple la transferencia interna de los derechos de agua, ya que en muchos casos se tienen lotes, tierra suficiente, pero están limitados a una concesión. “No se trata de sacar más agua sino buscar que sea más eficiente el uso y una facilidad para que dentro de las mismas cuencas se puedan hacer las transmisiones”.
De Morena, el diputado Francisco Javier Borrego Adame consideró que gracias a los esfuerzos realizados hoy están en posición de votar una Ley de Aguas Nacionales más robusta, que fortalece el cuidado del vital líquido y asume una responsabilidad hídrica en beneficio de las generaciones futuras. Además, atendiendo las observaciones, la iniciativa permite la transferencia de derechos de concesión mediante la figura de reasignación.
En su turno, la diputa Leticia Barrera Maldonado (PRI) expuso que los puntos más sensibles de esta ley ya están documentados, como la reducción de los plazos para solicitar las prórrogas que ponen en riesgo las inversiones, la obligación de reportar la producción obtenida por los productores, la imposición de delitos hídricos que no corresponde a una legislación administrativa y la renuncia del Estado a invertir en eficiencias hídricas.
Del PVEM, la diputada Azucena Huerta Romero explicó que el dictamen moderniza la gestión del agua con visión de Estado, fortalece la transparencia, ordena la administración de volúmenes, prioriza el derecho humano, mantiene controles institucionales indispensables y promueve soluciones concretas frente a la crisis hídrica.
Theodoros Kalionchiz De la Fuente, diputado del PAN, manifestó que el dictamen debe ser estudiado a profundidad, ya que se hicieron más de 90 cambios. “Sabemos que tenemos que sacar al país adelante y apoyar a los agricultores; por ello, les pido que analicemos más a fin de dar las herramientas, condiciones y estrategias necesarias”.
Para el diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM) el dictamen representa uno de los avances más importantes en materia hídrica desde 1992; “responde de manera directa, técnica y verificable al 90 por ciento de las demandas históricas de productores, ejidatarios, usuarios rurales y organismos ciudadanos”. Añadió que esto se logra sin afectar derechos adquiridos ni vulnerar la propiedad ejidal o privada.
Del PRI, el diputado Mario Calzada Mercado estimó que si se lograra el ahorro de agua en México el área de oportunidad estaría en la tecnificación del campo, en destinar mayores recursos y hacer un campo más eficiente, productivo y ahorrativo. Pidió que las plantas tratadoras que hoy están en desuso empiecen a funcionar, que son alrededor del 40 por ciento en todo el país.
En su intervención, el diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (Morena) expresó su respaldo al dictamen porque están trabajando en favor del campo y pidió a las y los diputados no confundir a los compañeros agricultores con falsos fundamentos, así como debatir con argumentos y con “la ley en mano”.
Juan Francisco Espinoza Eguía, diputado del PRI, indicó que se debe apoyar a los pequeños y medianos productores, ya que existe una falta de este líquido en algunas comunidades, pero también viven en la incertidumbre por esta Ley de Aguas Nacionales y las afectaciones que se tendrían.
De MC, el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera pidió que se escuche a las diputadas y los diputados, a sectores agropecuarios, ganaderos y campesinos sobre las propuestas que tienen. “Vamos a las prisas; por ejemplo: dar a organismos operadores de agua la tarea de dar el servicio de drenaje pluvial es un desacierto; la mayoría no tienen la capacidad económica para enfrentar este servicio”.
El diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) aseveró que está a favor de la ley porque la situación actual que vive el campo merece toda la atención y tiempo, pero “si a una iniciativa se le hacen muchas modificaciones quiere decir que esa iniciativa venía mal y si se ocupa tiempo para hacerla bien, podríamos haberlo hecho, el tiempo que fuera necesario”.
Del PVEM, el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo afirmó que las 54 modificaciones realizadas al dictamen atienden principalmente al sector campesino, al eliminar el término seguridad hídrica, asegurar la sucesión, certeza en la transmisión, reducción de sanciones, ampliar plazos para los trámites y asegurar la sostenibilidad, evitando la sobreexplotación y fomentando la recarga de los mantos.
Del PAN, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño advirtió que más del 45 por ciento del agua se pierde en fugas, el 60 por ciento de los organismos operadores están quebrados, los distritos de riego operan con maquinaria vieja y la inversión federal está en su punto más bajo desde hace más de una década.
De Morena, la diputada Claudia García Hernández hizo notar que el uno por ciento de los concesionarios concentra más del 20 por ciento de las aguas y el 80 por ciento de los cuerpos de agua están contaminados. Añadió que los productores del campo necesitan certidumbre jurídica y esta ley se los da, pero necesitan un nuevo modelo de gestión que les permita acceder en condiciones de equidad al agua.
La diputada Samantha Margarita Garza de la Garza (PAN) sostuvo que no se puede legislar un tema tan delicado con tan poco tiempo e ignorar las preocupaciones legítimas de los especialistas, productores y los gobiernos que participaron en las audiencias. “Pongamos fin a este castigo y abandono de este sector primario”, enfatizó.
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