A casi tres décadas del mediático proceso judicial contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas, nueva información podría reactivar uno de los casos más polémicos del espectáculo mexicano. Documentos recientes revelan que el juez que encabezó el juicio, Javier Pineda Sola, habría emitido la sentencia sin contar con cédula profesional de abogado, una irregularidad que pone en entredicho la legalidad del veredicto.
El hallazgo ha encendido las alarmas en el ámbito judicial y abierto la puerta para que el caso sea repuesto o reiniciado, de acuerdo con especialistas consultados por las autoridades. La falta de licencia profesional convierte el fallo en un acto potencialmente inválido y obliga a revisar nuevamente la actuación judicial que exoneró a Trevi y Boquitas, y que dejó a Andrade con una condena considerada ligera para la gravedad de los hechos imputados.
La revelación también genera dudas sobre el contexto en el que se condujo el juicio. Las interrogantes son inevitables: ¿cómo logró Pineda Sola ocupar un cargo de tanta responsabilidad sin la documentación necesaria? ¿Hubo omisiones deliberadas? ¿Se trató de un juez “a modo”? Estas preguntas han reactivado la atención pública y jurídica sobre un caso que parecía cerrado.
El escándalo se profundiza con un elemento adicional: el ex juez hoy forma parte del equipo de defensa de Gloria Trevi. Este aparente conflicto de intereses, sumado a la falta de credenciales profesionales, alimenta la sospecha de que la sentencia original pudo haber sido influenciada por relaciones internas y decisiones opacas.
A ello se suma el rol de la ex fiscal de Chihuahua —esposa del entonces juez y cuyo trabajo también fue ampliamente cuestionado en su momento— quien actualmente también integra el equipo legal de la cantante. Su figura vuelve a estar bajo escrutinio, especialmente por vínculos personales y profesionales que podrían haber condicionado el proceso hace 30 años.
El posible reinicio del caso Gloria Trevi promete convertirse en un tema de alto impacto público y mediático, pues no sólo cuestiona la actuación de los involucrados, sino también la integridad de las instituciones judiciales de la época. Si la investigación avanza, el expediente podría abrirse de nuevo “con otros ojos”, en un escenario cargado de controversia y repercusiones legales.
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