La agenda de la sesión del Congreso del Estado celebrada este sábado comprendía varios temas relativos a propuestas de las y los Legisladores, una de ellas, la que fue presentada por la Diputada Mercedes Guillén Vicente, llamó en forma poderosa la atención, porque propuso un punto de acuerdo y luego convertirlo en la Ley de Responsabilidad Pública del Estado de Tamaulipas, que, sería la primera en el país que responda a las necesidades del cuidado de las personas y la salud mental, deje de ser un sacrificio anónimo y se convierta en responsabilidad pública.
Este fue el tema que antecedió a la parte de dictámenes que serían revisadas en la sesión pública ordinaria y que presidieron la diputada Eva Reyes y el Diputado Francisco Hernández Niño, esté último participó como suplente en algunos momentos.
Era, desde hace varios días dictamen más esperado, porque contenía el resultado del proceso que llevó a cabo el Congreso del Estado a través de la Comisión de Justicia que preside el Diputado Isidro Vargas Fernández, la cual contenía los nombres de las tres personas que llegaron al final del procedimiento para nombrar el nuevo Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
El protocolo se siguió de forma puntual, es decir, la presidenta de la Sesión de la Legislatura 66, hizo ver la forma de votar, la revisión de los mismos por el secretario de la mesa directiva Diputado Juan Carlos Zertuche Romero y la contabilidad de los votos inscritos en la cédula que, primero fueron depositados en una ánfora y de allí contabilizados para que, la diputada secretaria, Patricia Mireya Saldívar Cano del PAN, hubo de señalar al ganador de la votación emitida por sus compañeras y compañeros.
Bajo ese esquema, el Congreso local eligió por 27 votos a favor y ninguno en contra, al licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal General de Justicia del Estado, en un ejercicio Legislativo sin precedente, ordenado, claro y dentro del marco constitucional de Tamaulipas, por tanto, ahora entrará por la puerta grande del edificio de la Fiscalía.
El proyecto de Decreto para selección del nuevo Fiscal General, fue sometió al Pleno mediante el dictamen con la terna remitida por el Titular del Poder Ejecutivo, integrada por Marisol Ivette Borja Lara, Jesús Gilberto Alarcón Benavides y Jesús Eduardo Govea Orozco, en un escenario en el cual, los dos primero no obtuvieron ningún voto, todos, los 27 correspondieron al último de ellos.
Como era de esperarse y en función de la lógica política, cuatro diputadas y diputados que estuvieron presentes se abstuvieron de votar acción que fue leída como tal por el Diputado Secretario y, aunque no señaló quienes fueron los de la abstención, puede afirmarse que correspondieron a los panistas Gerardo Peña Flores, Vicente Verástegui Ostos, José Schekaiban Ongay y Patricia Mireya Saldívar Cano, aunque, pese a que hubiesen votado por otro de los integrantes de la terna, el resultado final no sería el mismo, Govea Orozco es el Fiscal que sustituye a Irving Barrios Mojica el 16 de diciembre venidero.
Que sigue en el proceso, obvio, la rendición de la protesta de ley ante el Pleno del Congreso, por parte del licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco, cosa que ocurrirá el martes dos de diciembre, en la sesión que ya está anunciada desde la mesa directiva del Pleno y la entrega del nombramiento surtirá efectos después del diciembre, fecha en que se cumplen los siete años que correspondieron al actual Fiscal, luego de ser designado el sexenio panista del pasado reciente.
El Diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado comentó que la Legislatura 66 dará acompañamiento institucional y se dijo satisfecho tanto con el proceso realizado desde el Congreso del Estado y la determinación que tomaron los legisladores al votar por un perfil con amplia trayectoria y resultados comprobables en el ejercicio de su carrera profesional.
Respecto a la iniciativa de Decreto del punto de acuerdo, presentado por la Diputada Guillén Vicente, precisa que, en Tamaulipas hay personas, organizaciones, mujeres y profesionistas que hacen con recursos mínimos lo que deberían de estar haciendo con el estado.
Expuso que, eso confunde un poco y aturde un poco, pero, después aclara el rumbo, porque cuando algo salva, acompaña o cuida, entonces ya no es un acto de buena voluntad es responsabilidad púbica, como ocurre en el sur de Tamaulipas que hay jóvenes que ya son escuchados y salvados gracias a un esfuerzo local, atención psicológica anónima virtual o con brigadas comunitarias.
Esto quiere decir, puntualiza la Legisladora, qué si se puede, que ya pasa y por tanto la pregunta no es si funciona, la verdadera pregunta es porque no lo tienen todos los jóvenes, pero, asintió que por eso participó en la tribuna del Congreso del Estado y señalar que cuando algo salva vidas no puede depender de la voluntad, la suerte o del municipio en el que se nace, depende de quien decidió ayudar y no se trata de que el estado agradezca esa voluntad, sino de que garantice el apoyo a las personas vulnerables en estos casos.
Luego subrayó que, pidió que aquello que ya salva vidas se convierta en un derecho y si ya alcanzó a algunos, lo urgente y humano es que alcance a todos, de manera que, sí en la salud mental hay esfuerzos locales que salvan y cuidados que ayudan a vivir, existe profundidad en la respuesta, por ello se encuentran personas cargando con el trabajo que sostiene la vida, sin descanso, reconocimiento, formación y sin apoyo y casi siempre por mujeres y en silencio.
En Tamaulipas no se puede depender de quien quiera, porque el cuidado al igual que la salud mental, no es caridad, es trabajo invisibilizado, indispensable e inaplazable y tiene que reconocerlo, compartirlo y apoyarlo, por eso presentó el Punto de Acuerdo para que, el cuidado y la salud mental deje de ser un sacrificio anónimo y se convierta en responsabilidad pública, compartida, profesional y digna, porque en Tamaulipas no debe ser el castigo automático de quien ama, debe de ser un derecho acompañado por el estado.
Guillén Vicente aseveró que, en la entidad hay mucha gente que hace lo que le toca y, es en ese tenor, que, como Diputada quiere hacer aquello que le corresponde, para que la atención y cuidados a personas, así cómo, la salud mental, que ya se realiza, no dependa de la suerte, ni de sacrificios personales o la buena voluntad de unos pocos, de manera que, el Punto de Acuerdo solicitado, será la base una Ley de Responsabilidad Pública, que será la primera en el país, basado en el principio fundamental de legislar.
La propuesta de la Diputada fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Salud, en base al Artículo 22 de la Ley del funcionamiento interno del Congreso del Estado, donde será analizada y quizá convertida en dictamen para Ley
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