El Parlamento Europeo dio un paso decisivo esta semana para proteger la salud mental de los adolescentes, al aprobar una resolución que propone limitar el acceso a redes sociales, plataformas de intercambio de videos y aplicaciones de inteligencia artificial a menores de 16 años en toda la Unión Europea. La medida, respaldada por 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones, busca frenar el impacto negativo que el uso desmedido de internet tiene sobre los jóvenes y garantizar una experiencia digital adecuada a su edad.
Detalles de la propuesta
La resolución plantea que los menores de 13 años no podrán acceder a redes sociales ni a plataformas similares, mientras que los adolescentes entre 13 y 16 años solo podrán hacerlo con el consentimiento explícito de sus padres o tutores. La medida no es jurídicamente vinculante, pero marca la hoja de ruta para futuras leyes y reglamentos en los Estados miembros de la UE.
Preocupación por la salud mental
La diputada danesa Christel Schaldemose, promotora de la resolución, destacó que los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China tienen acceso ilimitado a la atención de los niños y jóvenes durante horas, sin supervisión adecuada. La propuesta también busca limitar prácticas adictivas y manipuladoras de las plataformas digitales, como los sistemas de recomendación y las cajas de recompensas en videojuegos, que pueden afectar la capacidad de los menores de concentrarse e interactuar de manera saludable.
Repercusiones y futuro
La iniciativa no solo aborda el acceso a redes sociales, sino que también pide medidas urgentes para regular el uso de herramientas de inteligencia artificial, como los chatbots y las aplicaciones de generación de imágenes manipuladas. Aunque la resolución no impone sanciones directas, exige a las plataformas garantizar la seguridad de los menores y advierte que los altos ejecutivos podrían ser responsables en caso de incumplimiento grave de la normativa.
La propuesta ha generado un amplio consenso político y social en Europa, y abre el camino para una regulación más estricta y armonizada del acceso digital de los menores en el continente.
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