Ante el pleno legislativo se presenta una iniciativa que busca establecer un marco legal que garantice el acceso gratuito, permanente y adaptado a programas de capacitación digital para personas adultas mayores en Tamaulipas.
Esta propuesta, dijo la diputada local de Morena, Francisca Castro Armenta, busca promover la inclusión digital, reducir la brecha tecnológica por edad y fortalecer la autonomía de este grupo poblacional mediante la colaboración interinstitucional entre universidades, bibliotecas públicas y telecentros municipales.
Indicó que la transformación digital ha redefinido la forma en que las personas interactúan con su entorno, acceden a servicios públicos, se comunican y participan en la vida social. Sin embargo, este avance tecnológico ha generado una brecha entre quienes dominan las herramientas digitales y quienes, por razones generacionales, educativas o económicas, enfrentan barreras para integrarse.
Las personas adultas mayores son uno de los grupos más afectados por esta brecha, lo que puede derivar en aislamiento, dependencia y exclusión, aseveró.
En Tamaulipas, más de medio millón de personas mayores de 60 años viven en condiciones que limitan su acceso a la tecnología, ya sea por falta de dispositivos, conectividad o conocimientos básicos. Aunque la ley reconoce su derecho al acceso digital, este reconocimiento no se ha traducido en programas sistemáticos, gratuitos y accesibles que les permitan ejercer ese derecho.
La alfabetización digital en adultos mayores no solo representa una herramienta de empoderamiento personal, sino también una vía para mejorar su calidad de vida, facilitar el acceso a servicios públicos y fomentar su participación activa en la sociedad, expresó la diputada local.
A nivel mundial, el envejecimiento poblacional es un fenómeno creciente. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se estima que para el año 2050 habrá más de 2,000 millones de personas mayores de 60 años en el planeta.
Mientras en Tamaulipas, el estado enfrenta una creciente demanda de servicios adaptados a este grupo. Aunque la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue reformada recientemente para incluir el acceso a las TIC como un derecho, aún no se han implementado programas sistemáticos de capacitación digital.
Esta iniciativa busca llenar ese vacío operativo, estableciendo un marco legal que permita articular esfuerzos entre el gobierno estatal, los municipios, las universidades, las bibliotecas públicas y los telecentros comunitarios. La participación de estudiantes universitarios como facilitadores, mediante esquemas de servicio social o voluntariado, representa una oportunidad para fortalecer el vínculo intergeneracional y aprovechar el talento joven en beneficio de la comunidad, concluyó.
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