Tras rechazar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los últimos recursos legales de Grupo Elektra y TV Azteca para evitar el pago de siete créditos fiscales millonarios —que originalmente ascendían a 33,477 millones de pesos, pero con intereses y recargos ya suman 47,407 millones—, Grupo Salinas arremetió.
Buscarán tribunales internacionales para defender sus derechos humanos y exigir la anulación de esos cobros duplicados y “multas desproporcionadas” en una “persecución política” y “autoritarismo” de la “mal llamada Cuarta Transformación”.
Esperan respuesta del SAT y denuncian motivaciones políticas
Además, indican que están a la espera de que el SAT dé respuesta a sus solicitudes para informar con precisión el monto de los créditos fiscales en estricto apego a la ley y en evitación de esos dobles e ilegales cobros, y que el silencio del SAT solo confirma que se trata de un caso con motivaciones políticas.
Grupo Salinas va más allá y acusa a la SCJN de violar el Estado de Derecho al validar dobles cobros que socavan la confianza empresarial y la inversión en México. “Esto no solamente afecta a Grupo Salinas. La Corte ha avalado una grave violación a los derechos humanos fundamentales de ciudadanos, trabajadores y empresas, al permitir dobles cobros sin garantía ni defensa alguna”, señalan, y advierten que este precedente es peligroso para el futuro económico del país, donde las reglas pueden cambiar en función de a quién vayan dirigidas.
Acusaciones directas contra ministros y denuncia de autoritarismo
En la respuesta más contundente, acusan a los ministros de la Corte de “seguir un guion dictado desde Palacio Nacional sin cuestionar”, rindiéndose ante quienes los colocaron ahí, e ignorando el sesgo y prejuicio de algunas ministras, a quienes acusan de actuar con “resentimiento personal” contra Salinas Pliego.
Finalmente, dicen que todo esto “no es un error ni casualidad”, sino el resultado de una reforma judicial autoritaria y una “farsa electoral” de Morena y el Poder Ejecutivo Federal, ya que menos del 8% de los mexicanos votaron en esa reforma.
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