Ciudad Victoria, Tamaulipas (6 de noviembre de 2025).- La reducción de presupuesto a partidos políticos rompería con la equidad de la competencia y además abriría la puerta al financiamiento ilícito por parte de grupos de intereses, alertó el consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas Juan José Ramos Charre.
“Hoy el financiamiento público en gran medida garantiza un piso parejo en la competencia, garantiza que los partidos políticos cuenten con los recursos, que las candidatas y los candidatos cuenten con los recursos para poder, en su oportunidad, llegar a las y los ciudadanos a plantear sus propuestas”, mencionó.
En ese sentido, advirtió que de aplicarse una reducción del presupuesto a los partidos políticos, se abriría la puerta al financiamiento ilícito.
“Ese sería evidentemente uno de los riesgos, por supuesto, que la falta de recursos públicos al no existir un financiamiento público genere fuentes no permitidas hoy en la ley, para que en este caso se contamine la equidad de la competencia y también el que grupos de intereses afecten el desarrollo normal de la competencia, sí es un riesgo que eventualmente puede correrse”.
Al fijar su postura sobre la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de reducir el presupuesto a partidos políticos, como uno de los grandes temas de la Reforma Electoral, señaló; “esa decisión, además de que corresponde soberanamente al Poder Legislativo, también tiene que pensarse en términos de las condiciones de equidad en la competencia”.
Ramos Charre señaló que si bien el modelo siempre está a revisión, también hay maneras de poder si no eliminarlo por completo sí hacer un replanteamiento que esté en sintonía con las exigencias también de la ciudadanía, de una democracia mucho más austera y menos costosa.
Estimó que el estatus de los partidos políticos como entidades de interés público es una conquista de la sociedad, que a lo largo de 40 años ha contribuido al fortalecimiento no solo de la democracia, sino también del sistema electoral.
“Creo que los partidos políticos como entidades de interés público tienen derecho a gozar de un conjunto de prerrogativas, no solo de financiamiento público, sino también de prerrogativas”.
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