Con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
el día de hoy, se llevó a cabo la primera sesión del Pleno del Tribunal de
Disciplina Judicial, en la cual se aprobó formalmente su instalación y con ello,
inicia sus funciones, marcando un precedente en la historia judicial de la
entidad.
El Tribunal de Disciplina Judicial es una instancia dotada de independencia
técnica, de gestión y con atribuciones para emitir resoluciones. Este órgano
está integrado por cinco magistradas y magistrados electos por la ciudadanía a
través del voto popular.
Asimismo, el Tribunal de Disciplina Judicial es el responsable de evaluar y dar
seguimiento al desempeño de las juezas y jueces de Primera Instancia y
Menores; además, de resolver los conflictos que puedan suscitarse entre el
Poder Judicial del Estado y sus servidoras y servidores públicos, así como los
que se presenten entre el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y sus
empleadas y empleados.
Lo preside la Magistrada Presidenta Ludivina Aldape Garfias, y es conformado
por el Magistrado Luis Gerardo Uvalle Loperena, la Magistrada Alma Delia
Gámez Huerta, la Magistrada Rosa Isela Cavazos Balboa y el Magistrado Jesús
Manuel Castillo Quintanilla.
Este Tribunal contará con dos órganos auxiliares con autonomía de gestión, a
efecto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del ejercicio de su
competencia, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas
y el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial; con el apoyo de la Dirección
de Visitaduría Judicial.
Este nuevo organismo disciplinario representa la transformación de un sistema
responsable, confiable y cercano, capaz de garantizar el cumplimiento de la ley
y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en sus instituciones.
Con estas acciones de innovación, el Poder Judicial de Tamaulipas consolida
una nueva etapa con visión de transparencia, ética y rendición de cuentas,
reafirmando su compromiso con la ciudadanía y con el fortalecimiento del
Estado de Derecho en la entidad, garantizando con ello la independencia,
legalidad y continuidad de la función jurisdiccional en materia disciplinaria.
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