En Tamaulipas sigue supurando la herida abierta que dejó el cártel político de Francisco García Cabeza de Vaca.
No importa cuántos años pasen, el estiércol del saqueo sigue brotando en charcos pestilentes que exhiben la obscena complicidad de exfuncionarios que usaron la salud de los tamaulipecos como botín.
La última radiografía del atraco: 343 millones 966 mil pesos desaparecidos en el sector salud durante aquel sexenio panista.
No se trata de errores administrativos ni de descuidos contables, sino de un patrón de corrupción sistemático, armado con contratos amañados, empresas fantasmas y la bendición del más alto nivel del poder Cabecista.
De manera contundente y documentada, el director jurídico de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, denunció que se fraguó un quebranto superior a los 343 millones de pesos, directamente ligado al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Mediante contratos que violaron la Ley de Adquisiciones, el exmandatario favoreció a los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo —financieros de su campaña de 2016—, asignándoles a través de sus empresas “JOSER” y “PERMART” casi 500 millones de pesos, de los cuales 343 se triangularon con procedimientos irregulares durante los ejercicios 2017 y 2018.
Entre los rostros del pillaje aparecen la ex secretaria de Salud Gloria Molina, el subsecretario Román Castillo y otros operadores menores, todos cobijados por el manto protector del entonces gobernador.
Detrás, los infaltables cómplices de siempre: los hermanos Carmona, expertos en engordar fortunas al amparo del erario.
El esquema fue burdo y perverso: contratos entregados sin licitación, sin cotización y, en algunos casos, sin un solo documento firmado.
Un verdadero saqueo en serie que drenó tanto recursos estatales (221 millones) como federales (122 millones).
Lo que hoy denuncia el actual gobierno son 70 expedientes, de los cuales 14 ya pisan terreno penal. Y aunque en papeles se calcula el desfalco en casi 344 millones, la cifra original rondaba los 500 millones, dinero que nunca aterrizó en hospitales, medicinas ni insumos, sino en los bolsillos de la camarilla Cabecista y sus aliados.
Ahí está la prueba de que en Tamaulipas no fue un gobierno, fue un cártel con membrete panista.
Y aunque quieran disfrazarlo de “persecución política”, los números, los nombres y las pruebas dicen otra cosa: fue saqueo, fue traición y fue crimen.
Hoy los expedientes ya están en la Fiscalía Anticorrupción, en el Congreso, en la Auditoría Superior del Estado y hasta en la Federación.
El reto ahora es que no queden como archivo muerto ni como simple catarsis pública.
Porque mientras la justicia no alcance a Francisco García Cabeza de Vaca y a su corte de cómplices, la pestilencia seguirá recordándonos que los que gobernaron ayer lo hicieron no para servir al pueblo, sino para devorarlo vivo.
DAMASO ANAYA ASEGURA RESPALDO FEDERAL PARA LA UAT.
El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión con autoridades de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP para gestionar apoyos que fortalezcan el crecimiento académico de la Universidad.
En el encuentro se abordaron el presupuesto 2026 y proyectos estratégicos ligados al aumento de matrícula, oferta educativa e investigación.
El subsecretario Ricardo Villanueva expresó respaldo federal, mientras Anaya subrayó que estos acuerdos permitirán consolidar a la UAT como referente regional y acceder a programas que eleven la calidad, competitividad e infraestructura de la institución.
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