Ciudad Victoria, Tamaulipas (21 de agosto de 2025).— El exsecretario de Educación del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Mario “N”, fue encontrado penalmente responsable de los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, en una resolución dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.
La jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas, encargada de la causa, concluyó que el exfuncionario incurrió en actos ilegales al suscribir un convenio con la aseguradora Metlife México S.A. de C.V. el 15 de enero de 2018, cuando se desempeñaba como subsecretario de Administración en la Secretaría de Educación. Dicho acuerdo, relacionado con un seguro voluntario de vida con cargo a nómina de trabajadores, fue firmado sin facultades legales, pues la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece que tales atribuciones corresponden únicamente al titular de la dependencia.
El convenio, celebrado en la Ciudad de México pero con efectos en Tamaulipas, estuvo vigente hasta septiembre de 2022. Durante ese periodo, se registró la retención del 1% del salario quincenal de empleados adscritos al seguro, recursos que sumaron 8 millones 285 mil 878 pesos con 87 centavos. Dichos fondos ingresaron a una cuenta bancaria de la Secretaría de Educación en Santander, cuando legalmente debieron canalizarse a la Secretaría de Finanzas, instancia encargada de la administración de ingresos estatales.
La investigación reveló que el dinero no solo fue manejado al margen de los controles financieros oficiales, sino que también se utilizó para diversos pagos irregulares y transferencias directas al propio Mario “N”, lo que constituyó un desvío de recursos públicos.
Tras analizar las pruebas desahogadas, el tribunal acreditó la responsabilidad del exfuncionario en la comisión de peculado, así como en el ejercicio ilícito del servicio público, delitos previstos en los artículos 209, 211, 218 y 219 del Código Penal local.
La condena podría alcanzar hasta 20 años de prisión, aunque la pena definitiva se conocerá el próximo 26 de agosto a las 11:30 horas, durante la audiencia pública de individualización de sanciones y reparación del daño, programada en la Sala “H” del Centro Integral de Justicia de Tamaulipas, en Ciudad Victoria.
Con esta resolución, el Supremo Tribunal de Justicia envía un mensaje enérgico en torno a la rendición de cuentas de exfuncionarios que, en el ejercicio del poder, incurrieron en abusos que afectaron directamente los recursos estatales y el patrimonio de los trabajadores de la educación.
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