Recibe Diputación Permanente, iniciativa que tiene por objeto reformar la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Tamaulipas, a fin de establecer como atribución de la Secretaría de Educación la implementación de estrategias de vigilancia y seguridad en los centros escolares, dirigidas a alumnas y alumnos, personal docente, administrativo y madres, padres o tutores, tanto en instituciones públicas como privadas, mediante mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan prevenir y evitar el ingreso de objetos o sustancias que representen un riesgo para la integridad física de la comunidad educativa.
Yuriria Iturbe Vázquez, diputada local de Morena, señala en su exposición de motivos que lo anterior, se fundamenta en la importancia de la seguridad escolar, la cual debe ser vista como un componente esencial para el desarrollo pleno del derecho a la educación, es decir, resulta imposible, que alguna persona pueda ejercer este derecho fundamental en un ambiente que no garantice su bienestar físico, emocional y social; en ese sentido, considero que los centros educativos deben ser espacios seguros, incluyentes y libres de violencia, donde se promueva la cultura de paz, el respeto y la sana convivencia.
Implementar políticas públicas que abonen a la seguridad en el entorno escolar representa una obligación ética y jurídica, en cumplimiento del interés superior de la niñez y el mandato constitucional de garantizar condiciones dignas para el proceso educativo, subrayó la legisladora local.
Por ello, estimo indispensable que la Secretaría de Educación del Estado cuente con facultades explícitas para coordinar acciones preventivas de seguridad que atiendan de forma integral los distintos factores de riesgo que pudieran amenazar la tranquilidad en los planteles educativos, y en ese sentido, reforzar su papel y contribuir a brindar una respuesta eficaz, respetuosa de los derechos humanos,
alineada con la normativa nacional e internacional y sensible a las necesidades reales de las instituciones educativas.
Reconociendo que la seguridad escolar es una condición indispensable para el pleno ejercicio del derecho a la educación, resulta procedente fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Educación, a fin de que asuma un papel rector en la coordinación, implementación y supervisión de políticas eficaces de prevención y protección en todos los planteles educativos del Estado.
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