Ciudad Victoria, Tamaulipas (11 de agosto de 2025).- Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso, aprobó exhortó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue la actuación de los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, adscritos a la región de Reynosa, por las resoluciones emitidas en causas penales relacionadas con el delito de extorsión, y en su caso, imponga las sanciones administrativas y disciplinarias que correspondan conforme a la ley.
Humberto Prieto Herrera, diputado local de Morena, sostiene en su exposición de motivos que el objetivo central de la presente proposición es salvaguardar el Estado de derecho, la seguridad pública y los derechos de las víctimas, mediante un exhorto formal al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, para que investigue las actuaciones de dos jueces de control adscritos a la región de Reynosa, cuya emisión de resoluciones, modificaron las medidas cautelares en casos de extorsión, generando un riesgo latente para la población y la economía local.
La extorsión es reconocida por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como una amenaza directa a la paz social y la gobernabilidad, debido a su capacidad para someter comunidades enteras al control de grupos criminales, aseveró.
En Tamaulipas, y especialmente en el municipio de Reynosa, la extorsión bajo la modalidad de “cobro de piso” ha impactado de manera directa a comerciantes, prestadores de servicios y trabajadores independientes. Las denuncias recientes relatan amenazas de muerte y daños, así como la identificación de los agresores como miembros activos de grupos delictivos.
De acuerdo con información oficial, se presentaron dos casos relevantes. El primero de ellos, identificado con el Número Único de Caso 025/2025, relativo a los delitos de Extorsión Agravada y Posesión Simple, en el cual figura como denunciante el apoderado legal de RUSAL S.A. de C.V., razón social Refaccionaria FLOWSTER. En este caso, el día 16 de mayo de 2025 fueron detenidas cuatro personas por estos ilícitos; sin embargo, el Juez Aldo René Rocha Sánchez, el pasado 2 de agosto del presente año, revocó la medida cautelar de prisión preventiva, sustituyéndola por presentación periódica, garantía económica mínima y prohibición de salir del país o acercarse a la víctima, argumentando “arraigo” y “ausencia de riesgo procesal”.
De igual forma, el segundo caso, con Número Único de Caso 028/2025 y Causa Penal 119/2025, por el delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de los propietarios de AUTOCLIMAS MATEO y JGHT, derivó en la detención de dos personas el 20 de mayo de 2025. No obstante, el Juez Ariel Luna Casados, el 12 de junio de 2025, revocó la prisión preventiva e impuso únicamente restricciones de acercamiento y concurrencia, sin valorar plenamente el riesgo para las víctimas ni la gravedad del delito.
Como podemos observar, en ambos casos, las medidas cautelares reducidas facilitaron que los imputados permanecieran en libertad, pese a la gravedad de las conductas, la reincidencia y el presunto vínculo con la delincuencia organizada, aseveró el diputado local.
Por lo tanto, quien suscribe esta acción legislativa considera que la investigación y, en su caso, la sanción de las conductas señaladas será fundamental para deslindar responsabilidades, prevenir irregularidades en la impartición de justicia, fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial, proteger a las víctimas y asegurar que las medidas cautelares se apliquen de manera congruente con la gravedad de los delitos y el riesgo que representan los imputados, puntualizó.
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