Washington, Estados Unidos (11 de agosto de 2025).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer este lunes cargos criminales contra dos ejecutivos mexicanos que, siendo residentes en Texas, habrían entregado sobornos por hasta 150 mil dólares a funcionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para asegurar contratos millonarios durante el periodo 2019-2021.
Los acusados son Alexandro Rovirosa, presidente de Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato panista a la gubernatura de Campeche y ex funcionario de Pemex. Según la Fiscalía, habrían utilizado bienes de lujo, incluyendo artículos de marcas como Louis Vuitton y Hublot, así como efectivo, para corromper a servidores públicos mexicanos y manipular procesos de licitación.
“Los acusados, ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos, presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas”, declaró Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de EU.
De acuerdo con la investigación, los sobornos facilitaron la adjudicación de contratos a las empresas de Rovirosa, por un valor aproximado de 2.5 millones de dólares, tanto en PEMEX como en su subsidiaria PEMEX Exploración y Producción (PEP). Además, el Departamento de Justicia señaló vínculos de Rovirosa con cárteles mexicanos, un dato que añade una dimensión grave y cuestiona la integridad del sector energético nacional.
Estas acusaciones surgen en medio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya administración ha prometido combatir la corrupción endémica en el país. Sin embargo, la filtración revela que prácticas corruptas parecen seguir vigentes, incluso desde territorio estadounidense.
Galeotti enfatizó que “esta acusación debe enviar un mensaje claro de que la División Criminal no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”.
Ambos acusados cuentan con residencia permanente en Estados Unidos y ahora enfrentan cargos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), abriendo un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción transnacional, mientras se cuestiona el papel que han jugado las autoridades mexicanas en estos presuntos actos ilícitos.
La comunidad y el sector energético mexicano observan con atención el desarrollo de este caso, que pone en jaque la reputación y los compromisos gubernamentales contra la corrupción, a la vez que arroja dudas sobre la transparencia en la gestión de los contratos públicos.
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