El Tribunal Electoral de Campeche (TEEC) obligó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali a pedir disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores. Según el fallo, sus comentarios en un programa de análisis generaron “violencia política en razón de género”.
Los comunicadores, en videos publicados en La Barra Noticias, cumplieron con la orden:
“Se ofrece una disculpa a la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche, porque las expresiones que emití en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.
Aunque apelaron, el Tribunal Electoral federal confirmó la sentencia, dejándoles sin opción más que acatarla.
Medios bajo vigilancia: ¿Quién controla lo que se publica en Campeche?
Este caso no es aislado. El 1 de agosto, una jueza ordenó al periodista Jorge González Valdez y al medio Tribuna abstenerse de mencionar a Sansores. Pero no solo eso: el Tribunal Superior de Justicia de Campeche designó un “censor” para revisar y aprobar (o rechazar) todo lo que el medio publique.
La medida es inédita en el estado, donde figuras como el “interventor” se usaban solo en casos financieros o mercantiles. Ahora, Tribuna no podrá subir nada sin el visto bueno de este supervisor judicial.
La jueza Edelmira Cervera ratificó la medida y dio 48 horas al medio para entregar los datos de sus redes sociales y someter sus contenidos a revisión.
¿Libertad de expresión bajo amenaza? Medios locales alertan sobre represión
Periodistas campechanos denuncian que estas acciones buscan silenciar críticas contra Sansores. El caso de Tribuna surgió tras una denuncia de la gobernadora por “incitación al odio”.
Mientras algunos ven en estas medidas un abuso de poder, otros las defienden como protección contra discursos de odio. Lo cierto es que el debate sobre los límites de la libertad de expresión está más vivo que nunca en Campeche.
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