Organizaciones de derechos humanos encendieron las alarmas tras la aprobación exprés de una reforma constitucional en El Salvador que permite la reelección presidencial indefinida. Para estas agrupaciones, la medida impulsada por el Congreso, controlado por el presidente Nayib Bukele, representa un duro golpe al sistema democrático.
La reforma, avalada el jueves por la Asamblea Nacional, permite la reelección “sin reservas”, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, unifica los procesos electorales presidenciales, legislativos y municipales, y elimina la segunda vuelta.
Desde el exilio, la organización Cristosal calificó la decisión como:
“el tiro de gracia a la democracia en El Salvador”.
En su comunicado, advirtió que:
“Este último golpe al sistema democrático no devuelve el poder al pueblo, como afirma la narrativa oficial: se lo entrega sin límites a la familia gobernante”.
Cristosal cerró sus operaciones en el país tras denunciar persecución del gobierno. En mayo, su jefa anticorrupción, la abogada Ruth López, fue detenida bajo acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito, lo cual también ha sido cuestionado por organismos internacionales.
Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condenó lo que calificó como una “flagrante manipulación de la Constitución de El Salvador”, señalando que:
“A esto conducen inevitablemente años de manipulación constitucional gradual: al desmantelamiento de la propia democracia”.
Aunque Bukele, de 44 años, mantiene una alta aprobación por su estrategia de seguridad contra las pandillas —que ha reducido los niveles de violencia mediante un régimen de excepción—, voces críticas advierten sobre los riesgos del poder sin contrapesos.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, declaró:
“Lamentablemente la historia de América Latina está llena de ejemplos de gobernantes populares que usan su popularidad para desmantelar la Constitución y concentrar el poder”.
Y añadió que El Salvador va:
“camino a una dictadura” por el “desmantelamiento de la Constitución”.
Por otro lado, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, hizo un llamado a abrir la consulta pública, al afirmar que:
“es necesario consultar al pueblo” sobre una reforma constitucional de este tipo “porque esto significa un cambio grande en el sistema democrático”.
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