Ciudad de México (15 de julio de 2025) — En un hecho que ha levantado cuestionamientos sobre los límites de la libertad de expresión y el uso político de las instituciones, la ciudadana Karla María Estrella Murrieta fue obligada por el Tribunal Electoral federal a publicar durante un mes disculpas públicas dirigidas a una diputada federal, pero sin poder mencionarla por su nombre. La sentencia ordena que se refiera a ella como “Dato Protegido”.
El caso se remonta al 14 de febrero, cuando Estrella Murrieta escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que la legisladora del PT Diana Karina Barreras habría obtenido su candidatura por intervención de su esposo, el también diputado Sergio Gutiérrez Luna. Tres días después, Barreras presentó una queja por violencia política de género, lo que dio paso a un proceso sancionador que culminó con la resolución SRE-PSC-94/2024, ratificada por la Sala Regional Especializada del TEPJF.
La ciudadana —que ha cumplido con la orden— debe publicar 30 mensajes de disculpa con un texto redactado por el tribunal, en el que admite haber ejercido violencia simbólica, psicológica y mediática. En uno de sus tuits, escribe:
“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO…”, en una fórmula que ha generado críticas por su contradicción legal y absurda ambigüedad.
Aunque la diputada fue quien denunció públicamente y en su nombre, ahora goza de un tratamiento de anonimato institucional, lo que para especialistas y activistas representa un peligroso precedente de censura indirecta. “Me preguntan por qué obedezco esta resolución”, escribió Murrieta, “y la respuesta es simple: si no lo hago, pueden congelarme las cuentas bancarias”.
Además de las disculpas, Estrella fue inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, recibió una multa económica, y deberá tomar cursos de reeducación y garantizar la “no repetición” de su conducta.
Pese a lo anterior, la propia legisladora dijo que no necesitaba una disculpa.
“No es necesaria. Lo que hice fue sentar un precedente para que otras mujeres puedan hacer política sin miedo”, declaró.
El caso recuerda lo ocurrido en mayo, cuando el abogado Carlos Velázquez fue forzado a disculparse públicamente con el senador Gerardo Fernández Noroña, tras un insulto verbal en el AICM. A pesar de ser conocido por su estilo agresivo y ofensivo, Noroña logró que se activara un proceso judicial para obtener una disculpa formal, evitando así acciones penales.
Ambos casos muestran un uso punitivo de las instituciones electorales y judiciales, que podrían convertirse en herramientas de represión simbólica bajo la fachada de protección a grupos vulnerables.
Discussion about this post