Se presenta acción legislativa que tiene por objeto garantizar que las personas con discapacidad sean incorporadas de forma gratuita a los servicios públicos de salud, así como a los sistemas y programas que aseguren su atención médica efectiva, continua y universal, sin depender de esquemas temporales ni ·de criterios administrativos cambiantes.
Yuriria Iturbe Vázquez, diputada local de Morena, indica que, para ello, se presenta iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción XIII, del artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas.
En su exposición de motivos, apunta que hoy en día, en México y particularmente en el Estado de Tamaulipas, las personas con discapacidad continúan enfrentando múltiples barreras estructurales que limitan su acceso efectivo a servicios de salud dignos, oportunos y de calidad, estas barreras van desde la falta de infraestructura accesible hasta la ausencia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y atención diferenciada.
Actualmente, según datos del INEGI, en México residen más de seis millones de personas con algún tipo de discapacidad, y en Tamaulipas se estima que esta cifra supera los 170 mil habitantes. Muchas de ellas carecen de seguridad social, por lo que dependen exclusivamente de los servicios públicos de salud para la atención de condiciones crónicas, rehabilitación, medicamentos, ayudas técnicas, diagnósticos oportunos y cuidados especializados, expreso en tribuna legislativa-
Por ello, la presente iniciativa reviste especial relevancia, ya que se encuentra sustentada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, la cual establece en su artículo 25 el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, así como la obligación de los Estados de prestar servicios gratuitos o a precios asequibles, tanto en salud general como en atención especializada.
Del mismo modo, el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el principio por persona y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluidos los de las personas con discapacidad. Este mandato exige que el acceso a la salud sea real, efectivo y no condicionado a la pertenencia a esquemas programáticos con temporalidad o cobertura limitada.
Esta reforma no pretende crear nuevos derechos, sino fortalecer la operatividad y vigencia de uno que ya está consagrado constitucionalmente, el derecho a la salud, de igual forma, ¡busca asegurar que los beneficios dirigidos a las personas con discapacidad no sean interpretados como prestaciones discrecionales o sujetas a disponibilidad presupuesta!, sino como obligaciones jurídicas del Estado, puntualizó.
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