La ausencia de este espacio en dos días habituales fue obligada por asuntos de salud familiar, aunque serán de solución tardía, hoy reanudamos en el análisis de la información que se publica y de donde parte el punto de vista que se expone a los lectores.
Hace unos días la televisión mexicana puso sus micrófonos frente a los hombres y mujeres que encontraron una fuente de trabajo en el reparto de lo que usted me diga desde regalos, medicamentos, alimentos preparados, juguetes, ropa, etc., etc., partiendo de un teléfono inalámbrico.
Las incidencias sociales han obligado a la creación de representaciones gremiales, que se ha vuelto indispensable con las autoridades del gobierno de tal forma que los líderes dejan de hacer lo que empezaron y en breve tiempo, viven de las cuotas que pagan los que conforman las agrupaciones.
El mejor ejemplo es el de Don Fidel Velázquez Sánchez (1900-1997), quien empezó entregando leche en alguna ciudad del interior de la república y a la vuelta de los años no solo fue el líder de los lecheros, sino que amplió el sector de tal forma que nació la Confederación de Trabajadores de México (CTM), relacionándose con presidentes de la República, secretarios de estado y hasta con líderes de otros países.
El caso es que los nuevos trabajadores de reparto por aplicación dicen ellos que, sin consultarles los incluyeron en una nueva legislación que, entre otras cosas, tendrán que inscribirse para que, como todo mundo, pague sus impuestos.
El caso es que ‘el gancho’ manejado son los beneficios que señala el marco laboral mexicano como su incorporación al IMSS a cambio del pago de sus impuestos, cosa que no gustó a los trabajadores de motos, bicicletas y todo tipo de transportes, pues señalan algunos líderes su rechazo a la medicina pública.
En este sentido es muy lamentable la postura de los repartidores, y aunque es un tema muy polémico se distraen con el gobierno de la 4T que les exige su registro, aunque se defienden alegando pésimo servicio del IMSS, anteponiendo la falta de medicamentos, médicos especialistas, materiales de curación e insumos médicos.
Justo es decir que no faltó gente en el micrófono de la televisión que hasta se quejó de algunos empleados porque dejan a los enfermos en los pasillos por la falta de espacios para atenderlos. No se diga el tiempo de espera para cirugías que llega a tardar hasta ocho meses, si antes no les ganó la ‘huesuda’.
Una realidad innegable es la necesidad recaudatoria del gobierno y esta es una forma legal de lograrlo, porque de plano, “todos coludos o todos rabones” y aunque sea por ‘horas’ determinadas se gana dinero y si los jubilados pagan impuestos, justo es que los repartidores por aplicación también lo hagan.
Es cierto que el IMSS e ISSSTE son dos instituciones que atienden la salud pública de los mexicanos y hasta de los extranjeros ilegales. Aunque también es cierto que el macuspano en su afán de cambiar las cosas ‘para bien’, vino a dar al traste con las instalaciones y políticas sanas que tradicionalmente vigilaban la salud de la población.
El tristemente Dr. Muerte, traído a la mesa pública por el nombramiento presidencial recién recibido, en su lambisconería incluso se atrevió de tildar a los papás que pedían medicinas para sus hijos con cáncer, como agitadores y provocadores de un golpe de estado contra el de Tabasco.
Admito que la medicina pública tiene mayores deficiencias en estos últimos 8 años, pero no dejo de reconocer que, en países como los vecinos, una simple sacada de muela es un derroche de dinero increíble.
Estoy convencido que algunos tamaulipecos y mexicanos en general, siguen haciendo esfuerzos por cumplir con lo que les corresponde. Aún desde la humilde o encumbrada trinchera desde la que trabajan por la salud del coterráneo, su ejemplo es loable.
También lamento la existencia de trabajadores que, para conseguir el empleo son capaces de ofrecer sobornos y promesas de ser los mejores empleados del mes. Lamentable pero real, apenas logrado el propósito, aunque no le hayan pagado ni un centavo, gustan de hablar, de mentir y si pueden roban a la misma institución hasta el papel sanitario.
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