Alta incidencia delictiva, insuficiencia energética, falta de seguridad jurídica y de diversificación económica y logística, son retos que México debe superar para aprovechar el potencial internacional.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Jalisco son las competitivas. Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son las menos competitivas.
Valeria Moy, directora del IMCO cita que el norte sufre incidencia delictiva. Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas exportan productos complejos. San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro destacan en innovación y complejidad económica.
Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo gozan de economía diversa, complejidad económica y logística; sufren corrupción y condiciones laborales menos favorables. En Chiapas, Oaxaca y Veracruz hay baja tasa de inversión extranjera y bajo grado de escolaridad. Campeche, Quintana Roo y Yucatán sufren por diversificación económica y bajo número de unidades de más de 50 empleados.
En apoyo al trabajador, siempre hay remanentes que eliminar, La Ley Silla busca proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. Entró en vigor el pasado 17 de junio al aprobarse por el Congreso de la Unión y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Objetivo: garantizar el descanso sentado durante la jornada laboral, en sectores donde se obliga a los empleados a mantenerse de pie: comercio, atención al cliente, tiendas departamentales, gasolinerías, supermercados, etc.
La Ley obliga a los empleadores a proporcionar asientos adecuados con respaldo, durante su jornada laboral. El empleador debe garantizar su existencia suficiente en los espacios de trabajo, sin obligación de que estén en el lugar de las actividades.
Se debe permitir a los trabajadores descansar de forma periódica. Debe estar en los reglamentos de trabajo el uso de asientos. Las condiciones son con base en el tipo de actividad, sin comprometer la seguridad. Las empresas que no cumplan con esta Ley pueden enfrentar sanciones desde 250 y hasta 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que son entre 28 mil y hasta 280 mil pesos.
De acuerdo con lo establecido por la ley, estas multas pueden ser aplicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y en casos de reincidencia, incluso se puede ordenar la suspensión de actividades. Los trabajadores pueden presentar denuncias de forma anónima, directamente ante la STPS o por medio de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)
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