Ciudad Victoria, Tamaulipas (1 de junio de 2025).- Tras no aceptarse el trámite a comisiones legislativas, legisladores locales desechan por la vía “Fast Track” exhortó a la Contraloría Gubernamental para que investigue, esclarezca y en su caso sancionen y conozca la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, respecto de aquellos servidores públicos que hubieran cometido faltas administrativas y delitos. con relación a la presunta utilización para fines particulares de servicios jurídicos por parte de prestadores de servicios profesionales con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado.
Gerardo Peña Flores, diputado local panista, sostenía en su exposición de motivos que de conformidad a los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos de que dispongan las entidades federativas se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Asimismo, dispone que los servidores públicos, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.
Los Estados deben limitar las contrataciones de servicios profesionales externos, únicamente cuando los abogados que laboran para el Estado, no puedan realizar dichas funciones, y aunado a lo anterior, los servicios que realicen se dirijan exclusivamente a cumplir con los objetivos de los planes y programas presupuestarios acorde a las competencias del Gobierno, sin que puedan orientar dichos recursos a fines distintos, y en particular en tratándose de índole político electoral o particular, indicaba.
En días recientes trascendió en medios periodísticos nacionales que el Gobierno Estatal, ha erogado más de 23 millones de pesos, en honorarios en favor de un bufete de abogados de la Ciudad de México; mismo que aparentemente al amparo de dicho contrato ha participado para litigar en el ámbito penal y electoral, en contra de precandidatos de partidos de oposición, se indica en el punto de acuerdo.
Lo anterior, en caso de confirmarse por las instancias correspondientes, representaría en la especie, la comisión de una serie de faltas administrativas graves y en su caso delitos, como desvío de recursos, apuntan los promoventes.
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