Se presenta ante el Pleno Legislativo del Congreso de Tamaulipas, una iniciativa de ley que tiene por objeto actualizar el Código Penal para el Estado, a efecto de tipificar la fabricación, posesión y transporte de artefactos explosivos artesanales, y aumentar la pena inherente al homicidio calificado a 60 años, que conlleva el uso de los mismas.
Gerardo Peña Flores, coordinador de la bancada de Acción Nacional, establece en su exposición de motivos que a inicios del año 2025 la violencia en nuestro Estado no ha cesado, sino que la espiral de violencia ha aumentado y se ha recrudecido, mostrando el verdadero rostro de las bandas criminales.
En las últimas semanas se hicieron públicos dos eventos que muestran lo que son capaces, primero; en un hecho inusitado disparando a Autoridades Extranjeras, presuntamente a agentes de la patrulla fronteriza que realizaban un recorrido, el caso es que dichos disparos, hayan sido para matar o para intimidar, haya habido o no víctimas mortales, cualquiera que sea el caso, son hechos inaceptables.
Y segundo, instalar explosivos en caminos y brechas del Estado, en específico al menos en los municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando, que son utilizadas por las familias de la frontera, tanto para sembrar, para llevar a los niños a la escuela, alimentar el ganado entre otras actividades cotidianas, aseveró en tribuna.
Y peor aún que las mismas hayan detonado, dañando la salud y el patrimonio de tamaulipecos y del parque vehicular federal, un vehículo y un tractor de familias en San Fernando, y una camioneta de la Comisión Nacional del Agua en Río Bravo fueron destruidos, provocando una mala imagen de México y Tamaulipas.
Preocupados por este incremento, y con independencia a los dispuesto en las leyes federales, sobre la posesión y uso de misiles y minas (explosivos) ; en la esfera local este Congreso es competente para modificar el Código Penal local y por una parte, penalizar su transporte y posesión, y tomando en cuenta que el homicidio empleando estos instrumentos se considera homicidio calificado con una pena de 50 años, consideramos conveniente ampliar la pena a 60 años, pues la instalación de una mina refleja el desprecio por la vida en general por parte de sus autores, y amerita la mayor pena, puntualizó.
Discussion about this post