Justicia a la vista

Ya solo faltan los nombres de todos los involucrados en los procesos de revisión del ejercicio de los recursos públicos en el sexenio pasado.

El Fiscal Anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco dio una conferencia de prensa en la que dio números, pero, no nombres, aunque ya todo mundo sabe que está detenido uno de los exsecretarios del gabinete del PAN, Rómulo Garza Martínez, quien, de acuerdo a los comentarios del Fiscal, no se sujetó a proceso y, por tanto, se llevó a cabo un acto procesal conforme a derecho y el hombre fue detenido.

El punto es que la Fiscalía Anticorrupción que ahora sí trabaja y no está solo de adorno, tiene documentación comprometedora de 458 exfuncionarios involucrados en 790 asuntos jurídicos y, entre ello se cuenta a 15 exsecretarios y exsubsecretarios.

La revisión de todos los documentos debió ser una tarea pesada, incluso, para encontrarlos, porque el anterior fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeada y el que le entregó la batuta y que ahora es Magistrado en el poder Judicial de la entidad, Javier Castro Ormaechea, nunca vieron nada de malos manejos de los recursos público, por tanto, hicieron muy bien su papel de tapaderas.

En su participación ante los representes de los medios de comunicación de la entidad, el Fiscal hizo ver que ocho ordenes de aprehensión están desarrollo y 10 nuevas carpetas de investigación por desvíos de fondos públicos se integraron al grueso de las revisiones.

No lo dijo, pero, queda claro que la obstrucción de la justicia contra aquellos que hicieron mal las cosas en el pasado reciente fue evidente, por eso, Govea Orozco señaló que hay avance en las indagatorias de todas las carpetas, de manera que, pronto habrá un producto final que implicará la detención de más exfuncionarios que hicieron mal las cosas y hasta la posibilidad de que reintegren los recursos que mal usaron.

Un punto interesante de las indagatorias es que, deben de llevarse a cabo con mucha cautela para evitar que otras áreas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, tengan conocimiento de los procesos, porque alertarán a los presuntos involucrados a fin de que tramiten amparos, cosa que ya no será igual que hasta el año pasado, las facilidades para ello ya no existen.

Además, los que se portaron mal y abusaron de los presupuestos para sus intereses personales, ya deben de pensar diferente, esto es, que los amparos les dan la oportunidad de no sujetarse a las investigaciones, eso ya no pasará ante la determinación de la Fiscalía Anticorrupción para que rindan cuentas y en caso de no acatar el proceso, serán privados de su libertad y, como al exsecretario Garza Martínez, se les recluirá en un centro penitenciario.

De la misma manera el abogado Govea Orozco, quien ya está tiene todos los hilos de las carpetas de investigación, subraya que ahora el trabajo al interior de la Fiscalía que tiene a su cargo se hace de manera sólida, con seriedad y profesionalismo, con el respeto a todos los aspectos que protegen el debido proceso, el derecho a la audiencia de los presuntos inculpados y desde luego mantener la reserva de cada caso.

Este tipo de acciones, son la que miles y miles de ciudadanos de Tamaulipas querían escuchar, porque ya estaban hartos de la forma burlona en la cual los protectores de los exfuncionarios panistas se conducían, por ello creen que esta misma forma de trabajar en la Fiscalía Anticorrupción debe de aplicarse en la Auditoría Superior del Estado, para que las cuentas pendientes de aclarar se aclaren o de lo contario que los que nos aclararon se sujeten a procesos judiciales por su culpabilidad.

Cada palabra exteriorizada por el Fiscal, será analizada por los equipos de abogados que defienden a los exfuncionarios panistas y que fueron pagados por adelantado, con presupuesto estatal del año 2022, que fue el último del ejercicio que correspondió a los panistas y habrá de reunirse con sus financiadores para establecer estrategias y hacer frente a los procedimientos que maneja Govea Orozco.

También puede ser que llegue la hora de la traición y que se queden con los pagos por adelantado que facturaron, suelten la defensa de las personas protegidas, que rindan cuentas ante la justicia, al fin y al cabo, esos despachos de abogados perderán los casos porque se impondrá la justicia, es decir, la justicia está a la vista.