Comete el delito de extorsión al que, sin derecho, por sí o por interpósita persona, haciendo cualquier tipo de violencia física o moral, pretenda obligar u obligue a otro a dar, hacer, deje de hacer, o tolerar cualquier acción u omisión, con el propósito de obtener un beneficio de cualquier clase, se le aplicará de diez a quince años de prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización de multa.
La acción legislativa promovida por el legislador local, Marco Antonio Gallegos Galván, sostiene que, para ello, se reforma el artículo 426 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
Las penas previstas en el artículo anterior, se aumentarán en dos terceras partes y además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos, inhabilitación por el mismo tiempo que la pena de prisión impuesta, para desempeñar cargos o comisiones públicas y en su caso, la suspensión del derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad pública o de fuerzas armadas, cuando el delito se realice por un servidor público o quien sea o haya sido miembro de alguna corporación de seguridad pública.-
Las penas previstas para el delito de extorsión se aumentarán al doble, cuando en la comisión del hecho descrito en el párrafo primero:
Se emplea violencia física o moral.
Se realiza en contra de personas dedicadas al comercio.
Se realice en contra de personas dedicadas al transporte de personas o mercancías;
Se realice ocasionando daños en las instalaciones de comercios, negocios o bienes en propiedad o posesión de la víctima;
Se realice haciendo uso de personas menores de 18 años;
Se comete empleando imágenes, mensajes escritos, audios o video de contenido sexual íntimo, sean reales o editadas.
Las penas señaladas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las correspondan por otros delitos.
Lo anterior, sin duda es una política pública en beneficio de los empresarios, comerciantes, transportistas y de la sociedad en general, en razón de que la extorsión representa un grave daño al patrimonio de las personas, mancilla de libertad y refleja un precario Estado de Derecho, en detrimento del desarrollo económico y social del país.
Finalmente, dijo que la presente iniciativa, es derivada de diversas peticiones que, en mi carácter de diputado, he recibido de diversas personas que se dedican al comercio o mercancías, los cual, me han manifestado que dichas conductas no están en el Código Penal, motivo por el cual, me solicitan presente una iniciativa para que se reforme el ordenamiento jurídico de referencia.
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