Se presenta ante el pleno legislativo iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, en materia de régimen disciplinario.
Claudio Alberto de Leija Hinojosa, diputado local y quien leyó la acción legislativa, indica en su exposición de motivos que, en el Estado de Tamaulipas, garantizar la certeza jurídica y la seguridad patrimonial constituye un eje fundamental para el bienestar social y el desarrollo económico. La Ley del Notariado regula la función notarial como un mecanismo esencial para dotar de autenticidad y seguridad jurídica a los actos y hechos que las personas requieren en su vida cotidiana.
La presente iniciativa tiene como propósito reformar la fracción XXV al artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y adicionar el artículo 135 Bis y reformar el 159 numeral 1 a la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, con el fin de robustecer el marco normativo en esta materia. Estas reformas buscan transparentar los procedimientos relacionados con la expedición y revocación de fíats de notario y patentes a aspirante al notariado, asegurando que las irregularidades sean atendidas de manera expedita y conforme a derecho.
Además, la iniciativa establece un procedimiento claro y específico para la revisión y resolución de irregularidades en la función notarial, garantizando el derecho de audiencia de las personas involucradas y promoviendo resoluciones basadas en principios de legalidad y transparencia. Este marco fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones notariales y protege el interés público al exigir que los actos de los notarios cumplan con los más altos estándares jurídicos y éticos, expresó en tribuna.
Asimismo, el fortalecimiento del régimen disciplinario previsto en la reforma tiene como finalidad principal establecer una estructura eficiente y confiable que permita actuar con firmeza ante cualquier conducta irregular. Esto no solo protege a la ciudadanía, sino que también dignifica la función notarial, asegurando que quienes la ejercen lo hagan con apego a los valores de profesionalismo, honradez y responsabilidad social.
La implementación de este marco legal permitirá que las autoridades estatales respondan con mayor prontitud a las irregularidades detectadas, lo que a su vez evitará que los actos notariales sean cuestionados en su validez. Esta certeza jurídica resulta fundamental no solo para el desarrollo económico, sino también para la estabilidad social, pues otorga a las familias tamaulipecas la seguridad de que sus bienes y derechos están protegidos por un sistema eficiente y confiable.
La iniciativa también promueve la modernización administrativa en el ámbito notarial, impulsando la eficiencia en los procesos mediante la delimitación de competencias y plazos claros para resolver las controversias. Esto garantiza que los procedimientos se desarrollen en un marco de agilidad y transparencia, respondiendo así a las necesidades de un Estado que avanza hacia una gobernanza más eficiente y al servicio de su población.
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