Con 410 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general, elevar a rango constitucional la prohibición de fentanilo ilícito y uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Dicha reforma, forma parte del paquete de 20 iniciativas que envió Andrés Manuel López Obrador durante su mandato, luego de que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, diera a conocer que el uso de cigarros electrónicos en población adolescente alcanzó un 2.6 por ciento del conjunto de referencia (aproximadamente 500) y un 1.5 por ciento de la población adulta (alrededor de 300 mil), generando afectaciones a su salud.
Mientras que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios informó que, para 2022 alrededor de cinco millones de personas entre 12 y 65 años de edad, habían usado alguna vez un vapeador, mientras que su uso regular se presentó en 975 mil personas.
Ante estas cifras y el impacto negativo en los consumidores, el dictamen aprobado este 3 de diciembre, adiciona diversas disposiciones a los artículos 4º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a la salud, en donde se determina que “para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.
Además de precisar que queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad relacionada con dichas sustancias.
Se establece también, que queda prohibida la producción, distribución y enajenación de sustancia toxicas, precursores químicos, además del uso ilícito de drogas sintéticas no autorizadas, tales como el fentanilo, y mentanfetaminas.
A partir de la entrada en vigor de este dictamen, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias con el contenido del decreto, mientras que en las legislaturas de los 32 estados del país, deberán de realizar las adecuaciones normativas previstas en el decreto, dentro de los 365 días naturales siguientes a la publicación de esta reforma, señala el régimen transitorio.
El Pleno consideró que no se autorizarán recursos adicionales para los efectos de dicho dictamen, por lo que los cargos que se generen una vez entrado en vigor, correrán a cargo de los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal.
Respecto al desembolso generado con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se determina que se llevará a cabo con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables, para el presente ejercicio fiscal, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.
Discussion about this post