CDMX (26 de noviembre de 2024).- El gobernador electo de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, enfrenta críticas por la propuesta de nombrar a Óscar Aparicio Avendaño como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado.
Diversos sectores han señalado que esta decisión podría representar un riesgo significativo para la estrategia de seguridad nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aparicio Avendaño, según los reportes, ha sido relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha generado preocupación por el posible incremento de la violencia en la entidad.
Fuentes cercanas indican que este nombramiento podría ser parte de un intento de entregar el control de la plaza de Chiapas al CJNG en menos de un mes. Organizaciones civiles y analistas de seguridad advierten que esta decisión será un engaño a la administración federal, que ha establecido una política clara contra el crimen organizado.
La situación salpica también al diputado Jorge Luis LLaven Abarca, impulsado por el gobernador saliente, Rutilio Escandón Cadenas, quien en una maniobra desesperada busca dejarlo a su sucesor para ocupar la Fiscalía de Justicia de Chiapas, cargo que ya desempeñó con pésimos resultados, dejando a esa entidad sumida en la impunidad y con un alza en la incidencia de homicidios.
Cabe recordar que Aparicio Avendaño fue rechazado por la Secretaría de la Defensa Nacional como opción para liderar la estrategia de seguridad pública en Tamaulipas debido a sus supuestos nexos criminales.
Además, su historial incluye una polémica salida de Tulum, Quintana Roo, por la desaparición de cargamentos de cocaína. Estos antecedentes han reforzado las dudas sobre su idoneidad para asumir un cargo tan crucial en Chiapas, un estado ya afectado por la violencia y la inestabilidad social.
La comunidad ha solicitado la intervención de las autoridades federales e incluso de organismos internacionales como la DEA y el FBI para investigar los antecedentes de Aparicio Avendaño y sus colaboradores. Analistas coinciden en que permitir este tipo de nombramientos socavaría los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum para mantener una lucha firme contra la inseguridad y la corrupción en el país.
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