Con fecha 30 de octubre, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, recibió la iniciativa de reforma presidencial a la administración pública federal para crear las secretarías de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; de las Mujeres; de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En el diagnóstico de la iniciativa, se reconoce que “aumentar la seguridad pública en México es una tarea compleja que requiere un enfoque multidimensional” y que “el crimen organizado tiene un impacto devastador en la sociedad mexicana”.
Se indica que ese impacto se traduce en violencia por la lucha entre grupos criminales y contra las fuerzas del orden; y se reconoce que “la inseguridad afecta la inversión y el desarrollo económico, especialmente en regiones controladas por el crimen organizado”.
Igualmente se plantea que “la infiltración de grupos criminales en las instituciones debilita el estado de derecho y la confianza pública en el gobierno”.
Plantea la propuesta que todo lo anterior “denota la importancia de redoblar esfuerzos en aras de aumentar la seguridad pública en la totalidad del territorio nacional”.
Se precisa que, a los esfuerzos realizados hasta ahora en la mejora de la seguridad, la Secretaría del ramo “aún tiene áreas de oportunidad, en términos de prevención del delito y Seguridad Nacional”, destacando transparencia y rendición de cuentas; capacitación y profesionalización; colaboración interinstitucional y tecnología e innovación.
“El aumento de seguridad pública en México es una deuda que el Estado tiene para con la ciudadanía”, se enfatiza.
En el proyecto se habla de la necesidad de impulsar la denominada gobernanza digital y de modernizar el servicio nacional de identificación personal “uso de las nuevas herramientas tecnológicas”.
Uno de los cambios propuesta es adscribir el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), órgano administrativo desconcentrado que se encarga de documentar las actividades públicas de la persona titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación, “con el objetivo de facilitar su ámbito de actuación”.
También se establece la atribución de esa secretaría para asistir al Ejecutivo Federal respecto de la elección de los integrantes del Poder Judicial.
En cuanto a Relaciones Exteriores, se dice que en cuanto a los mexicanos que viven en Estados Unidos “existen casos en los que la asistencia no ha sido suficiente, por lo que debemos fortalecerla”.
Además, se define como objetivo de la cancillería el que “México debe mantener un papel activo” a nivel internacional.
En cuanto a modificar la Función Pública a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se explica que esa concepción abarca la tarea de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, “con lo que se da mayor enfoque a los procesos y controles que la misma realizará y que aseguran la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez del servicio público, fundamental para garantizar la confianza ciudadana y promover un gobierno más ético y responsable que dignifique la carrera del servicio público”.
Respecto a la creación de la Agencia Digital, se expone que “resulta necesario actualizar el marco jurídico nacional para la transformación de la vida pública de nuestro país, así como para reconocer los nuevos derechos digitales de las personas, y dotarlos de las herramientas necesarias para hacerlos valer de una forma rápida y sencilla”.
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