El hecho de que menos de la tercera parte de los 33 mil productores de sorgo hayan desairado el programa “S111 Atención de Situaciones de Contingencias o Eventualidades en el Sector Rural” revela que el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura (SDR), Antonio Varela Flores no tiene la menor idea de la situación que viven los integrantes de la Unión de Ejidos Productores Agropecuarios y Pesqueros del Valle de San Fernando.
Desde un principio del conflicto el vicepresidente de esta organización campesina, Guillermo Aguilar Flores solicitó que el apoyo gubernamental fuera en efectivo, puesto que la mayoría de sus representados enfrentan deudas con instituciones bancarias o acreedores y les urge pagar sus deudas, mientras que el resto necesita el dinero para realizar trabajos previos a la siembra de cultivos para el próximo ciclo.
De nada sirvió porque Varela Flores sólo ofrece apoyos en especie, es decir la entrega de semillas y diésel, cuya propuesta fue rechazada por la mayoría de los 33 mil productores de sorgo en el valle de San Fernando, como se puede constatar en el hecho de que sólo 8 mil 500 campesinos cumplieron con todos los requisitos.
Y como el funcionario estatal todavía no ha terminado de dictaminar los expedientes de los productores de sorgo, cuyo proceso burocrático podría tardar varios meses, por lo que con toda seguridad el apoyo gubernamental vendrá hasta el año próximo.
A propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ayer el Programa Nacional para la Soberanía Alimentaria para impulsar el campo mexicano, en donde destaca la autosuficiencia de semillas y la tecnificación del riego, entre otras acciones.
Se dará prioridad a la producción de maíz, frijol y arroz con el propósito de garantizar el abasto de estos alimentos, pero no habló nada acerca del sorgo a pesar de que este producto no sólo sirve para producir alimentos, sino también para la industria del país.
Ante este panorama, será muy difícil que el gobierno de la doctora Sheinbaum Pardo recuerde que su antecesor les prometió a los productores de sorgo destinar mil millones de pesos para comprar sus cosechas a precios competitivos para que dejaran de bloquear la carretera de Victoria a Matamoros.
No debemos olvidar que el compromiso incumplido de López Obrador obligó que el gobernador Américo Villarreal Anaya entrará al quite con 270 millones de pesos a favor de los productores de sorgo, cuyo apoyo será entregado en especie en lugar de efectivo.
Desafortunadamente, los 8 mil 500 productores que aceptaron la entrega de granos y de diésel recibirán este apoyo hasta el año próximo ante el burocratismo que hay en la SDR, como su propio titular lo ha reconocido cuando anunció que apenas la semana pasada comenzaron a dictaminar los expedientes.
En otro tema, siguen los “dimes y diretes” en torno a la disputa que sostienen la presidenta Sheinbaum Pardo y la jueza Nancy Juárez Salas por eliminar la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del pasado 15 de septiembre.
Mientras que la administración de la presidente Sheinbaum Pardo a través de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), que encabeza Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se ha dado a la tarea de tratar de desprestigiar a la jueza Juárez Salas al revelar supuestas fallas u omisiones durante su carrera judicial, la juzgadora veracruzana reiteró que si tiene facultades para ordenar la eliminación de la publicación de la reforma judicial en el DOF.
Incluso, mientras la presidenta Sheinbaum Pardo relató en su conferencia matutina de Palacio Nacional que “estaba leyendo la Ley de Amparo y en el artículo 61 dice que la Ley de Amparo no puede incidir cuando hay reformas constitucionales, o sea la Jueza se está extralimitando”, la jueza Juárez Salas señaló en respuesta que “el acto reclamado no es una reforma o adición, son actos previos a la reforma. Entonces no es aplicable el artículo 61. Hay tiempos que se deben respetar en un procedimiento legislativo, y no se respetaron”.
En la contramañanera judicial, que se acaba de iniciar el pasado lunes, el magistrado Juan José Olvera López pidió a la presidenta Sheinbaum Pardo consultar a sus asesores jurídicos, como es el caso del exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, antes de opinar o afirmar que la reforma judicial no puede ser impugnada mediante juicios de amparo.
Y aunque todo el aparato de estado está en contra de la jueza Juárez Salas, lo cierto es que por las prisas de sacar adelante la reforma judicial no se respetaron los tiempos legislativos para entregársela como regalo a López Obrador antes de dejar la presidencia de la república.
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