El Tribunal Supremo de Perú ha decidido este jueves ampliar por otros 18 meses la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo. Castillo enfrenta cargos por “rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública” debido a su intento de disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Permanente del Tribunal Supremo argumentó su decisión señalando el riesgo persistente de fuga del exmandatario y la necesidad de un periodo razonable para culminar el proceso judicial. Esta ampliación responde a una apelación de la Fiscalía peruana, que se mostró en desacuerdo con la decisión anterior del juez Juan Carlos Checkley, quien había establecido una prórroga de 14 meses. La apelación de la defensa de Castillo, que buscaba anular la extensión, fue rechazada.
Pedro Castillo fue detenido tras anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, una medida que no obtuvo ningún respaldo y que llevó al Parlamento a aprobar una moción de censura en su contra. Este intento fallido de consolidar el poder culminó en su arresto por la Policía.
El mandato de Castillo, que duró 16 meses, se caracterizó por una notable inestabilidad. Durante este periodo, el expresidente nombró a cinco equipos de gobierno y más de 70 ministros, reflejando la turbulenta política peruana. Además, enfrentó un Congreso hostil y perdió el apoyo de su propio partido, Perú Libre.
La destitución de Castillo desató una de las peores crisis recientes en Perú, con casi medio centenar de muertos debido a la represión de las fuerzas de seguridad durante las protestas por su detención. Las manifestaciones también se dirigieron contra su sucesora, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, cuyo mandato ha sido cuestionado desde el inicio.
Esta prolongación de la prisión preventiva subraya la complejidad y el alcance de la crisis política en Perú, con un proceso judicial que aún tiene un largo camino por delante.
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