Cuando se va a comprar un bien o servicio, la capacidad de pago es el asunto a analizar pues se corre el riesgo de no lograr pagar en los tiempos previstos y perder el bien que se adquirió de manera irresponsable. En pensiones, la sostenibilidad financiera es la base que garantiza la asignación para las personadas pensionadas y las que se pensionarán.
México transita entre sistemas. Enfrenta retos y expectativas del trabajador por los beneficios de su retiro pues están vigentes dos regímenes; el que aplica para los trabajadores que al comenzar su vida laboral eran elegibles para retirarse con la ley de 1973, población que disminuye hasta agotarse y el sistema que aplica para quienes iniciaron su labor después de la aprobación de la reforma de 1997.
El cambio se dio porque el sistema de beneficios definidos de 1973 era viable por el numeroso grupo de personas económicamente activas que generaban recursos para financiar el costo de las pensiones, pero a medida que la tasa de natalidad cayó y la esperanza de vida se incrementó, dejó de ser financieramente viable.
En México el nuevo sistema es de financiamiento tripartito: Estado, trabajador y empleador cuyas aportaciones se ahorran en un sistema de cuentas individuales que se administra por una Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) El monto de la pensión que reciba la persona al final de su vida productiva dependerá del ahorro que se acumule y los rendimientos que obtenga por ella su AFORE.
Este sistema busca sostenibilidad financiera y transparencia en la gestión de los ahorros, aunque enfrenta retos: Diferencia en tasa de reemplazo, diferencia en la pensión que como porcentaje de su salario reciben las personas bajo la ley de 1973 y la de 1997; y con el financiamiento del proceso de transición no se puede usar los recursos de sistema de cuentas individuales para pagar pensiones preexistentes, pues “los recursos son de las personas que trabajan”.
Un esfuerzo para nivelar la diferencia entre ambos regímenes se dio con la reforma de pensiones 2020 que introdujo cambios para reducir la diferencia en la tasa de reemplazo, aun así, persisten retos para cerrar la brecha entre tasas de reemplazo al tiempo que se preserva la sustentabilidad fiscal para financiarlo.
La iniciativa de reforma constitucional busca remediar discrepancias entre las tasas de reemplazo que ofrecen ambos regímenes, pero no se debe olvidar el punto fiscal. Si se descuida, el remedio saldrá más caro que la enfermedad.
No debe olvidarse que la reforma 1997 resultó un esquema insostenible financieramente, así que toda propuesta debe preservar: beneficios equitativos para las personas en retiro con un esquema que no comprometa a las generaciones futuras.
De no ser así, se hereda una carga económica más para las próximas generaciones que podría requerir ajustes más severos en bienestar para las personas que trabajan.
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