Cientos de mujeres volvieron este sábado a las calles de São Paulo, en Brasil, para protestar contra el proyecto legislativo que busca equiparar el aborto a partir de las 22 semanas de embarazo con el delito de homicidio, incluso en casos de violación.
Es la segunda manifestación en los últimos tres días en la capital paulista contra esta propuesta, patrocinada por un grupo de diputados ultraconservadores, varios de ellos del Partido Liberal (PL), liderado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Como el pasado jueves, medio centenar de instituciones y colectivos feministas se concentraron en la Avenida Paulista, una de las principales arterias de São Paulo, y recorrieron el centro de la mayor ciudad de Brasil. Vestidas con pañuelos verdes, las manifestantes criticaron al jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, después de que el pleno aprobara, por mayoría y en una votación exprés, discutir el proyecto con carácter de urgencia para acelerar su trámite parlamentario.
El grito más repetido en estas protestas, que también se han visto en Río de Janeiro, Brasilia y otras ciudades, es “Criança não é mãe” (Una niña no es una madre). Con esta consigna, las manifestantes denuncian el alto índice de embarazos adolescentes y la posibilidad de que el problema se agrave con el citado proyecto, que responde a las demandas de los movimientos evangélicos más conservadores.
Según datos del sistema público de salud brasileño, 44 bebés nacen cada hora de madres adolescentes en Brasil, de los cuales dos son de gestantes de entre 10 y 14 años.
El proyecto propone, a través de una modificación del Código Civil, penas de cárcel similares a las de un homicidio para las mujeres que interrumpan su embarazo después de las 22 semanas. De ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, el aborto en estas condiciones, incluso en casos de violación, sería castigado como un “homicidio simple”, con penas de 6 a 20 años de prisión.
Así, las mujeres víctimas de violación que aborten con casi 6 meses de gestación tendrían penas mayores que sus agresores, cuyo castigo oscila entre 6 y 12 años de cárcel.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó de “locura” la propuesta, reconoció que el aborto es “una realidad” y pidió abordarlo “como una cuestión de salud pública”.
En Brasil, el aborto solo está permitido en casos de violación, malformación cerebral del feto (anencefalia) y si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. En estos casos, no hay un plazo máximo para su realización. Fuera de estos tres escenarios, está penado con entre uno y diez años de cárcel, dependiendo de si se realiza con o sin el consentimiento de la mujer.
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