Se exhorta al titular de la Coordinación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Tamaulipas, a fin de que se conforme un padrón de periodistas en nuestro Estado, para que de manera preventiva y personalizada se implementen acciones para garantizar el adecuado ejercicio periodístico de las personas que se dediquen a ello, en virtud de la violencia de que son objeto las y los periodistas en México, particularmente, quienes ejercen la labor periodística en Tamaulipas.
Leticia Vargas Álvarez, legisladora local, indica en su exposición de motivos que la labor de informar de manera oportuna y con veracidad de los hechos y situaciones que suceden en México es una tarea muy admirable pero, también, se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo.
Desgraciadamente, México es uno de los países más peligrosos para ser periodista en el mundo, al margen de las zonas de guerra, el país sigue en los primeros puestos de ataques contra la prensa, denunció en tribuna.
De acuerdo con los registros estadísticos nacionales, 2022 fue el año más sangriento y violento para la prensa en nuestro país y aún y cuando, efectivamente, la tasa de incidencia disminuyó para el 2023, es cuestionable si esta reducción se tiene que ver con que se denuncie menos por miedo, dada la violencia generalizada en el país.
Los números son fríos: si se compara el quinto año de gobierno de la actual Administración con el mismo año de las anteriores, los niveles de violencia contra los reporteros, sin embargo, siguen siendo alarmantes.
Comparando el quinto año de Gobierno de Andrés Manuel, con el correspondiente de Felipe Calderón, 2011, donde se documentaron 172 agresiones, existe una subida de 226,16% respecto a 2023. Este aumento es de 31,4% si se compara con el quinto año del sexenio de Enrique Peña Nieto, 2017, cuando Artículo 19 documentó 507 agresiones, sentenció Vargas Álvarez.
En los últimos años, en nuestro país y en Tamaulipas se han implementado mecanismos de protección a periodistas durante el ejercicio de su labor, sin embargo, las estadísticas nos muestran que, desgraciadamente, no es suficiente para garantizar el respeto a sus derechos humanos.
Lamentablemente, casi la totalidad de estas medidas son “correctivas”; es decir, se requiere que exista una condición de violencia, amenazas o alguna situación evidente que ponga en riesgo la vida o integridad de algún periodista o de su familia para que pueda acceder a estos mecanismos de protección, puntualizó.
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