Por unanimidad de 76 votos, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma al artículo 2 de la Constitución para prohibir matrimonios infantiles en comunidades indígenas.
La Constitución garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para aplicar sus propios sistemas en la regulación y solución de sus conflictos, siempre que se sujete al interés superior de niños y adolescentes, sin que pueda justificarse práctica en contrario por el ejercicio de sus usos y costumbres. ¿Aplica o no, la disposición del Senado?
En las disposiciones se establece 90 días para que el Congreso de la Unión realice las modificaciones a la legislación secundaria para garantizar este derecho. El decreto señala que, a pesar de que el matrimonio infantil está prohibido en el mundo, en algunas comunidades y pueblos persiste la práctica de uniones entre una persona adulta con una niña o entre menores de edad como consecuencia de deficiencias administrativas de los registros civiles, por creencias religiosas, sobre todo por razones costumbristas.
Se trata de acciones indebidas y no consentidas por los menores, en la que no tienen opción ni posibilidad de decidir por sí mismos y quienes lo hacen por ellos los obligan a contraer matrimonio que viola los derechos humanos de los menores y es grave afectación a su bienestar, salud, seguridad personal, economía y demás aspectos de la vida digna a la que debe tener acceso y debe estar garantizada.
Según el Fondo de Población de la ONU, matrimonio precoz se refiere al matrimonio en el que uno o ambos cónyuges tienen como mínimo 18 años, pero no pueden dar su consentimiento, como es el caso de una persona que no tiene madurez física o emocional o no tiene suficiente información acerca de sus opciones.
En el 2000, un tercio de las mujeres de 20-24 años señalaron contraer matrimonio siendo menores de edad. La cifra pasó en 2015 a 25% y se estima que el matrimonio infantil antes de los 15 años disminuyó de 11% en el año 2000 a 8% en 2015.
Sin embargo, el Senado con todo su poder, no representa con dignidad y soberanía a los mexicanos pues se entregan a representar a partidos políticos y gobernantes. Es incapaz de establecer acciones para que el crimen deje de violentar a los mexicanos planteando estrategias de imposición de Estado de Derecho por el poder Ejecutivo al accionar criminal, que en sí misma, conlleva impunidad.
Los pueblos y comunidades indígenas ni siquiera saben del Senado, así que se trata de simples leyes dictadas desde escritorios aislados de la realidad de México.
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