Perú, 24 de febrero 2024.- El primer ministro peruano, Alberto Otárola, reveló hoy jueves el plan del Gobierno peruano de emular el modelo carcelario de El Salvador, elogiado por su eficiencia, a pesar de las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de diversas organizaciones.
En una conferencia de prensa, Otárola describió las cárceles salvadoreñas como “adecuadas, modernas y eficientes”, destacando su capacidad para albergar a los reclusos más peligrosos. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, ha sido enviado al país centroamericano para estudiar de cerca este sistema penitenciario y discutir su viabilidad para su implementación en Perú.
El anuncio ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes temen que adoptar este modelo podría implicar la suspensión de garantías constitucionales y perpetuar violaciones a los derechos fundamentales de los reclusos.
La iniciativa surge en un contexto de sobrepoblación carcelaria en Perú, con casi 100 mil presos, la mitad de los cuales aún no han sido sentenciados. Otárola expresó su inquietud por la posibilidad de que los detenidos por delitos violentos continúen dirigiendo actividades criminales desde prisión, lo que ha llevado al Gobierno a considerar medidas más drásticas para enfrentar esta problemática.
El modelo de prisiones en El Salvador ha sido objeto de controversia desde su implementación en el marco del régimen de excepción del presidente Nayib Bukele. La más célebre de estas cárceles, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ha sido criticada por diversas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, por posibles violaciones a los derechos humanos.
A pesar de las críticas, las autoridades salvadoreñas defienden la eficacia de este sistema penitenciario, que opera a una fracción de su capacidad y se presenta como una medida contundente contra las pandillas que azotan al país centroamericano. Sin embargo, la comunidad internacional sigue observando de cerca su implementación y sus posibles implicaciones para los derechos humanos.
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